El Congreso del Estado de México analiza una iniciativa que plantea endurecer las sanciones contra quienes utilicen drones para facilitar la comisión de delitos como robo, abigeato y despojo. La propuesta fue presentada por la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza, del grupo parlamentario de Morena.
Uso de drones como agravante
El proyecto busca incorporar como agravante el uso de aeronaves no tripuladas para vigilar, obtener información o planear actividades ilícitas. Esto incluye la captación de imágenes, audio o datos mediante dispositivos integrados en drones, con el fin de identificar bienes, inmuebles o hábitos de las personas.
De acuerdo con la iniciativa, el empleo de esta tecnología permitiría aumentar las penas de prisión hasta en una mitad respecto a las sanciones actuales.
Incremento de sanciones
Actualmente, el Código Penal estatal contempla:
- Robo: hasta 12 años de prisión
- Abigeato: hasta 12 años de prisión
- Despojo: hasta 10 años de prisión
Con la reforma propuesta, las penas máximas se modificarían de la siguiente manera:
- Robo y abigeato: hasta 18 años de prisión y 450 días multa
- Despojo: hasta 15 años de prisión y hasta mil 500 días multa
Además, las multas podrían incrementarse de uno a tres veces el valor de lo sustraído.
Contexto de la propuesta
El documento señala que las modalidades delictivas han evolucionado con el uso de nuevas tecnologías. En este sentido, los drones pueden desplazarse con rapidez, superar obstáculos y captar información mediante cámaras o sensores, lo que ha facilitado su uso para vigilar viviendas o recolectar datos con fines ilícitos.
La iniciativa también establece que estas sanciones no excluyen otras penas en caso de que concurran agravantes adicionales o se configuren otros delitos.
Enfoque preventivo
Durante la presentación, la legisladora sostuvo que el objetivo de la propuesta es fortalecer la prevención del delito y proteger el patrimonio de las familias, al considerar que el uso de tecnología con fines ilícitos representa un riesgo creciente que requiere actualización en el marco legal.
