La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que autoridades federales, estatales y municipales realizaron un operativo de inspección en 94 centros de rehabilitación de adicciones, conocidos como anexos. Como resultado, 53 establecimientos fueron asegurados por su posible relación con hechos delictivos, mientras que otros continuaron en operación.

Estas acciones forman parte de la Estrategia Integral para la Prevención y el Adecuado Tratamiento de las Adicciones, cuyo propósito es verificar que estos espacios cumplan con las disposiciones sanitarias, legales y de seguridad aplicables.

Delitos e irregularidades detectadas

Durante las diligencias, las autoridades identificaron indicios de diversos ilícitos en algunos centros. Entre los principales se encuentran desaparición de personas, privación de la libertad, lesiones, homicidio, trata de personas y extorsión, además de otros delitos.

Las investigaciones también revelaron que varios establecimientos operaban bajo condiciones irregulares, sin permisos adecuados, sin personal especializado y con deficiencias en materia sanitaria y de seguridad. En ciertos casos, se documentaron internamientos sin consentimiento.

Detenciones y acciones judiciales

Como resultado del operativo, ocho trabajadores fueron detenidos en flagrancia, presuntamente vinculados con delitos como secuestro y privación de la libertad. Algunas de estas personas ya contaban con órdenes de aprehensión vigentes.

Asimismo, se informó sobre la ejecución de una orden de captura contra una persona investigada por secuestro con resultado de muerte. Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación jurídica.

Personas internas y condiciones detectadas

Durante las intervenciones, se identificó a 599 personas internadas en los centros asegurados. La mayoría fue reintegrada a sus familias, mientras que otras fueron canalizadas a espacios que operan conforme a la normativa. También se registró al menos un caso de permanencia voluntaria.

Las autoridades señalaron la existencia de condiciones que representan riesgos, como hacinamiento, insalubridad, alimentos en mal estado y convivencia entre adultos y menores de edad. En algunos sitios se reportó la localización de personas presuntamente privadas de su libertad, incluidos menores.

Funcionamiento de los anexos

La Fiscalía indicó que varios de estos centros operan en inmuebles de difícil supervisión, como viviendas particulares o bodegas, lo que complica la vigilancia institucional. También se identificaron prácticas como el uso de mecanismos de control físico o psicológico, posibles actos de violencia y cobros considerados excesivos a familiares.

Estas condiciones pueden afectar tanto la salud como la seguridad de las personas que reciben atención en dichos espacios.

Participación institucional y enfoque de la estrategia

El operativo contó con la participación de diversas autoridades de seguridad y de protección civil, así como instancias encargadas de la salud y la atención a víctimas. El objetivo fue realizar revisiones integrales que incluyeran aspectos legales, sanitarios y de derechos humanos.

De acuerdo con la información oficial, la estrategia busca que los centros de rehabilitación operen bajo regulación, cuenten con personal certificado y cumplan con estándares mínimos que garanticen una atención adecuada.

El despliegue en el Estado de México permitió identificar posibles conductas delictivas y condiciones irregulares en una parte de los centros de rehabilitación inspeccionados. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan y que estas acciones tienen como finalidad reforzar la supervisión y asegurar condiciones adecuadas para la atención de personas con adicciones dentro del marco legal.