El diputado local Octavio Martínez Vargas presentó una iniciativa para establecer en la Constitución del Estado de México que ningún servidor público pueda percibir ingresos superiores a los de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal. Actualmente, la remuneración mensual neta de la gobernadora asciende a 100 mil 404 pesos, de acuerdo con el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense actualizado a 2025.

Reforma constitucional para fijar un límite salarial

La propuesta plantea incorporar en la Constitución local un tope explícito que obligue a todas las dependencias estatales y municipales a ajustar sus tabuladores salariales. De aprobarse en el Pleno, cualquier percepción que rebase el monto asignado a la titularidad del Ejecutivo deberá adecuarse conforme a los nuevos lineamientos.

El legislador, integrante de Morena, sostuvo que establecer este límite representaría un referente de autoridad ética y moderación en el ejercicio del poder público, en un contexto que —señaló— exige mayor racionalidad en el uso de los recursos.

Ajustes sin afectar derechos laborales

El proyecto de reforma contempla que las remuneraciones que, al momento de la entrada en vigor del decreto, superen el salario de la gobernadora deberán modificarse conforme a los tabuladores actualizados. No obstante, especifica que estos ajustes no deberán vulnerar derechos adquiridos por antigüedad ni prestaciones laborales reconocidas en la legislación vigente.

Asimismo, establece un plazo máximo de 180 días naturales para que el Congreso local, los poderes Ejecutivo y Judicial, los organismos autónomos y los ayuntamientos armonicen sus marcos normativos y esquemas de remuneración con el nuevo mandato constitucional.

Argumentos del promovente

En la exposición de motivos, el diputado argumentó que la legitimidad gubernamental no depende únicamente de la eficacia administrativa, sino también de la coherencia ética en la toma de decisiones. Consideró que fijar la supremacía salarial de la titular del Ejecutivo como límite máximo contribuiría a evitar disparidades injustificadas, fortalecer la disciplina presupuestal y consolidar la política de austeridad.

También afirmó que la iniciativa permitiría alinear el marco jurídico estatal con el federal, con el objetivo de prevenir posibles contradicciones constitucionales y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Vinculación con el plan estatal de desarrollo

El legislador subrayó que la propuesta se inscribe en los lineamientos de austeridad promovidos por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y sostuvo que el tema requiere no sólo voluntad política, sino un sustento normativo claro a nivel estatal.

La iniciativa deberá ser analizada en comisiones antes de su eventual discusión y votación ante el Pleno del Congreso mexiquense.