La Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) otorgó una amnistía a un hombre perteneciente a una comunidad otomí que había sido sentenciado en 2014 por el delito de homicidio. La resolución se emitió en sesión extraordinaria pública y representa la tercera determinación de este tipo concedida por dicha Sala a favor de integrantes de pueblos originarios.
Resolución adoptada por unanimidad
La decisión fue tomada de manera unánime por los integrantes de la Sala, presidida por la magistrada Erika Castillo Vega e integrada por las magistradas Verónica Carrillo Carrillo y María Rosalba Briseño Alvarado, así como por los magistrados Arturo Márquez González y Lawrence Eliseo Serrano Domínguez.
Durante la sesión se analizó el expediente y se determinó que procedía la aplicación de la vía extraordinaria contemplada en la Ley de Amnistía del Estado de México. La resolución implica la restitución de la libertad del beneficiario, identificado como Tomás, así como la recuperación de sus garantías en términos legales.
Irregularidades procesales señaladas
Al exponer el caso, la magistrada Carrillo Carrillo detalló que, tras la sentencia dictada en 2014, la Defensoría de Derechos Humanos acreditó diversas irregularidades en el proceso penal. Entre ellas se señalaron:
- Falta de traducción adecuada durante el procedimiento.
- Asesoría jurídica sin perspectiva intercultural.
- Limitaciones que le impidieron comprender plenamente la imputación.
- Condiciones de pobreza, rezago escolar y marginación.
La Sala verificó además la pertenencia del sentenciado a una comunidad indígena, la inexistencia de reincidencia, el cumplimiento de la reparación del daño y la realización de actividades sustitutivas previstas en la ley, requisitos necesarios para la concesión del beneficio.
Asistencia de autoridades de los tres poderes
La sesión se llevó a cabo en el Salón de Plenos del Palacio de Justicia, con la presencia de representantes de los tres poderes del Estado de México. Asistieron, entre otros, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García; la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura; el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Víctor Leopoldo Delgado Pérez; y el director del Instituto de la Defensoría Pública, José Carlos Neira Cruz, en representación del Ejecutivo estatal.
También estuvieron presentes integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, así como magistrados, jueces, representantes de asociaciones civiles y público en general.
Contexto institucional
De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, esta es la tercera amnistía otorgada por la Sala de Asuntos Indígenas a favor de un integrante de un pueblo originario. El Poder Judicial señaló que este mecanismo busca atender casos en los que se acrediten violaciones al debido proceso o contextos de desigualdad que hayan incidido en la resolución penal.
La determinación se sustenta en la Ley de Amnistía del Estado de México, instrumento que prevé la revisión extraordinaria de sentencias cuando se cumplen los supuestos legales establecidos.
