En el Congreso del Estado de México se realizó el foro “Vientres de Alquiler: ¿Negocio, explotación o derecho?”, espacio en el que legisladoras y especialistas coincidieron en la necesidad de colocar en la agenda pública la discusión sobre la maternidad subrogada y su eventual regulación.

Las diputadas Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) y Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) señalaron que el fenómeno requiere un análisis jurídico integral para impedir que el deseo de formar una familia derive en esquemas contractuales que vulneren la dignidad de las mujeres o los derechos de niñas y niños.

Panorama legal desigual en México

Durante el encuentro se expuso que la regulación en el país es dispar. En estados como Tabasco y Sinaloa la práctica está permitida bajo ciertas condiciones, mientras que en Querétaro, Coahuila y San Luis Potosí se prohíbe o no se reconocen este tipo de acuerdos.

Las legisladoras advirtieron que la ausencia de certeza jurídica puede favorecer abusos y dejar en situación de vulnerabilidad tanto a mujeres gestantes como a menores nacidos bajo estos esquemas.

Dimensión económica y debate internacional

Se mencionó que la maternidad subrogada fue valorada en 14 mil 950 millones de dólares en 2023, de acuerdo con datos citados de las Naciones Unidas, lo que refleja su dimensión económica global y la complejidad de su regulación.

En este contexto, Joanna Felipe explicó que el objetivo es construir un marco normativo sustentado en evidencia empírica, científica y jurídica que permita dimensionar el alcance del fenómeno y evitar su mercantilización.

Por su parte, Ana Yurixi Leyva, presidenta de la Comisión de Declaratorias de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, subrayó que la gestación subrogada involucra derechos humanos, autonomía reproductiva, protección de las mujeres y el interés superior de la niñez. Señaló que el tema debe abordarse con análisis técnico y perspectiva de derechos humanos.

Posturas presentadas en el foro

En el foro participaron representantes de organizaciones civiles, sector académico, administración pública y ciudadanía.

Valeria González Ruiz, coordinadora del Área de Asuntos Públicos de Early Institute, presentó el documento “La Explotación reproductiva en México”, en el que se analiza la maternidad subrogada como una práctica que puede implicar riesgos de explotación y comercialización.

Desde el ámbito bioético, Marco Antonio García Triñaque planteó que antes de legislar es necesario definir la noción de dignidad humana que sustenta cualquier regulación, al considerar que el origen de la vida implica decisiones normativas con implicaciones antropológicas y jurídicas.

En contraste, Sofía Pérez Romero, directora general de Cibeles Abogados, sostuvo que el término “vientres de alquiler” resulta estigmatizante y propuso utilizar “gestación por sustitución”. Indicó que, de regularse, el proceso debería contemplar contratos rigurosos y mecanismos que garanticen el consentimiento libre e informado de la mujer gestante.

También participó Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, titular de la Secretaría de las Mujeres del PAN en el Estado de México, así como representantes municipales y estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, campus Cuautitlán Izcalli.