Autoridades federales lograron la vinculación a proceso de tres personas señaladas por presuntos delitos forestales en el municipio de Zinacantepec, Estado de México, una región considerada de alta vulnerabilidad ambiental por la tala ilegal.
Detención en área boscosa del Nevado de Toluca
De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron el 29 de enero de 2026, cuando elementos de las Fuerzas Especiales de Seguridad de la Policía Estatal detectaron a tres personas en una zona boscosa, quienes se encontraban en posesión de madera en rollo transportada en una camioneta cerrada, además de un hacha y una motosierra. Tras el hallazgo, se solicitó la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El punto donde se realizó la detención forma parte de la Zona Crítica Forestal “Sierra del Nevado de Toluca”, identificada por autoridades ambientales como un área con problemas recurrentes de tala clandestina y extracción ilegal de tierra negra.
Proceso judicial y audiencias
El 31 de enero, durante la primera audiencia, la autoridad judicial calificó como legal la detención, formuló la imputación correspondiente y dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar, además de conceder una ampliación del plazo para resolver la situación jurídica de los imputados.
Posteriormente, el 5 de febrero, se llevó a cabo una segunda audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Profepa, obtuvo el auto de vinculación a proceso contra los tres detenidos, manteniéndose la medida de prisión preventiva en el penal de Santiaguito.
Durante esta etapa, la defensa presentó un peritaje de tránsito terrestre, el cual fue desestimado por la jueza al considerar que el perito no contaba con conocimientos en ingeniería forestal. Otros argumentos relacionados con el vehículo asegurado fueron analizados, pero no fueron aceptados por la autoridad judicial.
Suspensión del proceso y mecanismos alternativos
Aunque se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación, el proceso fue suspendido luego de que la jueza determinara canalizar el caso a mecanismos alternativos de solución de controversias.
Como parte de esta determinación, la Profepa acudirá a la Oficina Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la FGR, donde participará en las acciones derivadas de esta fase y en los trabajos relacionados con el cierre de la investigación.
Las autoridades señalaron que este caso es resultado del trabajo coordinado en la mesa interinstitucional “Tala Clandestina”, un espacio de colaboración entre dependencias federales y estatales que sesiona de manera periódica para reforzar las acciones contra los delitos que afectan los recursos forestales en el Estado de México.
