El Poder Judicial del Estado de México (PJEdoméx) informó avances en la integración de una propuesta de Ley Orgánica Modelo que busca servir como referencia para los poderes judiciales del país, con la participación de representantes de 13 entidades federativas y bajo el impulso de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib).

Un marco común con flexibilidad para los estados

La iniciativa tiene como objetivo ofrecer un esquema legal, operativo y de gobernanza que pueda adaptarse a las realidades jurídicas y administrativas de cada entidad, en el contexto de la reforma judicial. De acuerdo con lo expuesto durante los trabajos, la propuesta no pretende una homologación rígida, sino establecer bases compartidas que permitan mejorar el equilibrio institucional, la rendición de cuentas y el desempeño administrativo de los tribunales.

Durante la sesión previa del grupo de trabajo encargado de la redacción del documento, el PJEdoméx compartió su modelo legal y operativo, así como experiencias derivadas de su propio proceso de transformación judicial. En este espacio se explicó que la propuesta se construye a partir de prácticas ya implementadas, con la intención de definir reglas claras, responsabilidades precisas y un uso más eficiente de los recursos disponibles.

A lo largo de la jornada se revisó un documento base elaborado inicialmente por el Poder Judicial mexiquense. Este texto fue enriquecido con aportaciones de magistradas y magistrados de distintas materias y con la comparación de leyes orgánicas de varias entidades, lo que permitió identificar estructuras funcionales y áreas susceptibles de ajuste o mejora.

Contenido central de la propuesta

La versión preliminar de la Ley Orgánica Modelo incluye apartados sobre la organización interna de los tribunales, atribuciones administrativas, licencias y sanciones, integración del órgano gestor y criterios para justificar el número de magistraturas en función de la población. Estos elementos están planteados de manera flexible para que cada estado pueda adecuarlos a su marco constitucional y legal.

En el análisis participaron de forma presencial y virtual magistradas, magistrados y representantes técnicos de poderes judiciales como Oaxaca, San Luis Potosí, Ciudad de México, Chihuahua, Querétaro, Chiapas, Campeche, Aguascalientes, Morelos, Veracruz, Durango y Jalisco, lo que permitió incorporar una visión plural y nacional al diseño del proyecto.