CODHEM investiga presuntas violaciones a derechos humanos en el penal de Nezahualcóyotl

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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) inició una investigación de oficio en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca.

El anuncio se realizó este 4 de febrero de 2026, luego de reportes sobre posibles vulneraciones a derechos humanos dentro del penal. La indagatoria busca analizar acciones u omisiones de las autoridades penitenciarias, con el objetivo de verificar el respeto a la dignidad, integridad y condiciones de vida de las personas internas.

Alcance del anuncio oficial de la CODHEM

La CODHEM informó que la investigación se sustenta en “diversos hechos ocurridos” en el centro penitenciario, aunque no detalló incidentes específicos en su tarjeta informativa inicial, TI/CS-CODHEM/02-2026.

La Comisión subrayó que la actuación se enmarca en sus atribuciones legales, particularmente en la vigilancia de espacios donde pueden verse comprometidos derechos fundamentales como la integridad física, el acceso a la salud y la protección contra tratos crueles o degradantes.

Hasta el 5 de febrero de 2026, la investigación permanece en curso, sin que se hayan dado a conocer avances, conclusiones preliminares o recomendaciones públicas.

Denuncias recientes que dieron origen a la indagatoria

Los hechos que motivaron la intervención de la CODHEM se relacionan con denuncias presentadas días antes ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El 22 de enero de 2026, familiares de internos, entre ellos Ivonne Reyes Pérez, madre de Eder González Reyes, y Celia Lucas Carrillo, madre de Jeffrey Herrera Lucas, solicitaron medidas urgentes de protección por presuntos abusos al interior del penal.

Las quejas refieren golpizas, aislamientos prolongados, algunos de hasta tres meses, así como negligencia en la atención médica. En ciertos casos, se señala que el aislamiento se habría extendido por periodos mayores, con restricciones en la alimentación como mecanismo de presión.

De acuerdo con las denuncias, se habrían exigido pagos irregulares que van de 5,000 a 25,000 pesos para permitir el regreso a la población general o evitar sanciones.

También se menciona la presunta participación de custodios en cobros por servicios básicos, como el ingreso de alimentos o la omisión de revisiones corporales, además de retenciones sobre transferencias monetarias enviadas a los internos.

Entre las personas mencionadas como afectadas figuran Raymundo Soto García, Julio César Chaparro Covarrubias y Jeffrey Herrera Lucas, este último con antecedentes de presuntas presiones para confesiones desde 2018.

Las denuncias señalan a la directora del penal, Merly Ingrid Cuéllar Romero, quien asumió el cargo antes de mayo de 2025, por una presunta tolerancia a estas prácticas. Las familias manifestaron temor por posibles represalias y responsabilizaron a las autoridades penitenciarias de cualquier daño adicional.

Antecedentes del penal bajo observación

El penal de Nezahualcóyotl ha sido objeto de señalamientos previos. En 2017, la CODHEM emitió recomendaciones como la 33/2017 y la 35/2017, relacionadas con tortura y condiciones inadecuadas de reclusión.

Estos antecedentes han documentado prácticas como traslados irregulares entre módulos, ocultamiento de personas sancionadas durante inspecciones y simulaciones de normalidad en áreas comunes.







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