El Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) informó sobre una resolución disciplinaria relacionada con la protección de los derechos de niños y adolescentes, en la que se determinó la inhabilitación de un juez de Primera Instancia por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

La medida fue emitida por el Tribunal de Disciplina Judicial, órgano encargado de supervisar la actuación de quienes integran el Poder Judicial mexiquense, con base en sus atribuciones constitucionales.

Resolución del Tribunal de Disciplina Judicial

De acuerdo con la información oficial, el Tribunal de Disciplina Judicial, a través de su Comisión Permanente Región Toluca, resolvió por unanimidad inhabilitar por un periodo de diez años a un juez de Primera Instancia.

La sanción se determinó tras acreditarse que el servidor público vulneró los derechos de niños, al excluir de distintos procedimientos a las autoridades legalmente responsables de su protección.

Entre las instancias omitidas se encuentran el Ministerio Público y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya participación es obligatoria en asuntos donde están involucradas personas menores de edad.

Protección de la infancia como obligación constitucional

El Tribunal subrayó que la protección de los derechos de la infancia no debe considerarse un requisito administrativo ni una formalidad procesal, sino una obligación constitucional que debe cumplirse de manera estricta en todas las decisiones judiciales.

Especialmente, señaló que los juzgadores tienen la responsabilidad de garantizar que las autoridades competentes participen oportunamente para salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Como resultado de la resolución, el juez sancionado no podrá desempeñar funciones jurisdiccionales, ni ocupar cargo o comisión alguna dentro del servicio público durante el periodo establecido de diez años.

Adicionalmente, el Tribunal impuso una amonestación pública a dos secretarios judiciales, al considerar que su actuación contribuyó a la afectación de los derechos de niñas y niños, al no informar de manera oportuna a la autoridad correspondiente para evitar dichas vulneraciones.

Vigilancia y responsabilidad institucional

Con esta resolución, el Tribunal de Disciplina Judicial reiteró su compromiso de vigilar la legalidad, ética y respeto a los derechos humanos en la actuación del personal judicial, haciendo énfasis en la protección de los sectores que requieren mayor atención y salvaguarda, como la infancia.

El caso forma parte de las acciones de control interno orientadas a garantizar que la función judicial se ejerza conforme a la ley y a los principios constitucionales.