El Congreso del Estado de México recibió una iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para expedir la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados, una propuesta que busca fortalecer de manera integral la respuesta institucional frente a este delito y sus modalidades asociadas.
La iniciativa será analizada por el Poder Legislativo mexiquense como parte de un proceso orientado a reforzar la prevención, la persecución y la sanción de la extorsión, así como a mejorar la coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales.
Alcance general de la propuesta
De acuerdo con el documento presentado, la nueva ley tiene como objetivo proteger la seguridad, la integridad y el patrimonio de las personas, colocando a la víctima en el centro de la acción del Estado. El enfoque planteado articula acciones de prevención, protección y combate al delito, en alineación con los estándares nacionales y bajo un enfoque transversal de derechos humanos.
La iniciativa también contempla reformas al Código Penal del Estado de México y a la Ley de la Fiscalía General de Justicia estatal, con el fin de armonizar la legislación local con el marco jurídico federal vigente en materia de extorsión.
El documento, expuesto ante el Congreso por el diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida (morena), señala que la normatividad prioriza los aspectos preventivos y de colaboración, bajo el principio pro persona establecido en el artículo 1 de la Constitución federal.
Este enfoque obliga a las instituciones de seguridad y de procuración y administración de justicia a coordinarse entre los tres órdenes de gobierno, con el propósito de implementar una estrategia conjunta que genere resultados concretos en beneficio de la sociedad.
Creación de un Consejo Estatal especializado
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la creación del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados, concebido como un órgano colegiado permanente.
Este Consejo tendría funciones de planeación estratégica, seguimiento y evaluación de políticas públicas, además de fungir como instancia de vinculación interinstitucional y rendición de cuentas. La propuesta contempla la participación de autoridades estatales y municipales, así como el acompañamiento de sectores sociales y académicos, con el objetivo de asegurar acciones coherentes y alineadas con la Estrategia Nacional en la materia.
La iniciativa también plantea el fortalecimiento de los mecanismos de atención, orientación y canalización de denuncias. Para ello, la Secretaría de Seguridad del Estado de México contaría con un Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión.
De manera complementaria, se propone la implementación de una Estrategia Estatal para Prevenir y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados, orientada a inhibir la comisión del delito, reducir la cifra negra y generar mayor confianza ciudadana en las instituciones.
Fiscalía Central Especializada
Otro componente relevante es la creación de la Fiscalía Central Especializada en el Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro. Esta instancia contaría con personal capacitado y evaluado, con certificaciones y especialización conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El objetivo es ofrecer una respuesta especializada y coordinada frente a las distintas modalidades de extorsión, mejorando la capacidad de investigación y persecución del delito.
La propuesta aclara que, con la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, ciertas conductas previamente tipificadas a nivel estatal quedaron integradas en el tipo penal de extorsión de carácter nacional.
En este contexto, se plantea la derogación del artículo 199 Bis del Código Penal estatal, con el fin de evitar conflictos de competencia y respetar la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de tipificación penal de la extorsión. Las entidades federativas, señala el documento, están facultadas para armonizar su legislación y regular aspectos de coordinación, prevención y persecución, pero no para crear o modificar tipos penales cuya definición corresponde al ámbito federal.
Proceso legislativo en curso
El Congreso mexiquense analizará la iniciativa en comisiones para determinar su viabilidad jurídica y operativa. El debate legislativo definirá si la propuesta avanza hacia su aprobación, con el objetivo de consolidar un marco normativo que fortalezca la respuesta del Estado de México frente al delito de extorsión y sus manifestaciones vinculadas.
