El Congreso del Estado de México inició el análisis de una iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que plantea una reconfiguración del modelo de seguridad pública en la entidad. La propuesta busca otorgar carácter decisorio a las mesas de paz, ampliar y precisar las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y fortalecer la coordinación entre instituciones, con el objetivo de mejorar la prevención del delito y la construcción de la paz social.

Mesas de paz con funciones ejecutivas y de coordinación inmediata

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el reconocimiento de las mesas de paz como instancias de decisión ejecutiva y articulación operativa en materia de seguridad pública. De aprobarse, estas mesas estarían presididas por la titular del Poder Ejecutivo estatal y conformadas por diez entes públicos vinculados al sector, con la participación permanente del Poder Judicial y la incorporación de municipios cuando sea necesario.

El planteamiento establece que estas instancias sesionen de manera ordinaria todos los días hábiles y, de forma extraordinaria, cuando así lo determine su presidencia. Entre sus principales atribuciones se encuentra la coordinación de acciones gubernamentales orientadas a atender las causas de las violencias y a la construcción de la paz.

Ampliación de facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad

La propuesta también contempla fortalecer las capacidades de la Secretaría de Seguridad en materia de investigación e inteligencia. En este ámbito, se prevé la implementación de estrategias basadas en mecanismos de inteligencia para prevenir e identificar amenazas y generadores de violencia, así como para coadyuvar en la sanción oportuna de conductas delictivas.

Además, se plantea que la dependencia pueda realizar operativos de prevención del delito y aportar información relevante para la integración de indicios, datos y medios de prueba, con el fin de robustecer las investigaciones y contribuir al combate a la impunidad, bajo un marco de respeto a los derechos humanos.

Coordinación interinstitucional

En materia de coordinación, la iniciativa subraya la obligación de las instancias estatales y municipales de seguridad de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y fortalecer la cooperación con los sistemas estatal y nacional de seguridad pública. Esto incluye la aportación de bases de datos al Sistema Nacional de Información para su interconexión y consulta.

Asimismo, se plantea reforzar los acuerdos con los poderes judiciales federal y estatal para mejorar los procesos de investigación y persecución de delitos, siempre bajo el mando y conducción del Ministerio Público.

Profesionalización y condiciones laborales

Otro componente relevante de la reforma es el fortalecimiento del servicio profesional de carrera y de los esquemas de profesionalización de las instituciones de seguridad. La iniciativa define con mayor claridad los derechos y obligaciones del personal, incluyendo el derecho a recibir una remuneración acorde con el servicio prestado y el riesgo inherente a sus funciones.

También se propone homologar perfiles, funciones y requisitos de ingreso y permanencia del personal dedicado a la prevención, reacción, investigación, análisis criminal y custodia penitenciaria, así como los procesos de promoción, certificación y evaluación de control de confianza. El objetivo es asegurar que su actuación se rija por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

Impulso a la participación social

Finalmente, la iniciativa incorpora la participación social como un componente transversal de la política de seguridad pública. Se establece que los entes públicos involucrados deberán promover mecanismos de diseño, implementación y evaluación de políticas y programas en corresponsabilidad con la sociedad.

Este enfoque busca fomentar el diálogo, la cooperación y la incorporación de propuestas y experiencias comunitarias para fortalecer las acciones de prevención de las violencias, investigación, procuración de justicia y desarrollo institucional, en un marco orientado a la protección de las personas y la preservación de la paz social.