El Congreso del Estado de México inició el análisis de una iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que propone ampliar la participación de las instituciones de seguridad pública en la investigación de delitos, más allá del papel exclusivo del Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer el modelo de seguridad en la entidad.
Un cambio en el enfoque de la investigación del delito
La propuesta plantea que la Secretaría de Seguridad y las instituciones policiales estatales y municipales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, participen de manera directa en las tareas de investigación del delito. De acuerdo con el documento, esta medida busca consolidar un esquema integral que no solo se concentre en la persecución penal, sino también en la atención a las causas de la violencia y la inseguridad.
La iniciativa sostiene que la seguridad pública debe abordarse desde una visión amplia que incluya la recuperación del espacio público y la generación de oportunidades de bienestar, educación y empleo digno. Este enfoque, señala el planteamiento, permitiría fortalecer la cohesión social y atender factores estructurales vinculados con la incidencia delictiva.
Armonización constitucional y marco legal
El documento propone armonizar la Constitución Política del Estado de México con la Constitución federal y con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En este contexto, se establece que las instituciones policiales del estado auxiliarán al Ministerio Público en el cumplimiento de sus atribuciones, bajo un esquema de coordinación institucional.
La iniciativa subraya que la seguridad pública es una función concurrente entre la Federación, el Estado y los municipios. Sus fines, de acuerdo con el texto, son salvaguardar la vida, los derechos, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
Alcances de la seguridad pública
Durante la sesión de la Diputación Permanente, la diputada Krishna Karina Romero Velázquez (PAN) dio lectura a la iniciativa, en la que se precisa que la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la supervisión de la prisión preventiva, la ejecución de sentencias, la reinserción social de las personas sentenciadas y la sanción de infracciones administrativas, dentro de las competencias legales correspondientes.
El documento establece que la actuación de las instituciones de seguridad pública deberá regirse por principios como la autonomía, el federalismo cooperativo, la protección de la persona y su dignidad, así como el respeto a los derechos humanos reconocidos en las constituciones federal y estatal, además de los tratados internacionales en la materia.
Contexto de inseguridad y justificación de la reforma
La propuesta justifica la necesidad de la reforma en el contexto actual de inseguridad que enfrenta la entidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el 71.3 por ciento de la población mexiquense identifica la inseguridad como uno de los principales problemas, lo que, según el documento, confirma la urgencia de fortalecer el marco normativo y las capacidades institucionales en materia de seguridad pública.
La iniciativa será analizada por la LXII Legislatura mexiquense, como parte del proceso legislativo para determinar su viabilidad y eventual aprobación.
