Toluca, Méx. – En el marco de la Semana Anticorrupción 2025, la consejera jurídica de la UAEMéx, Evangelina Sales Sánchez, desglosó los alcances y contradicciones de la nueva Ley General de Transparencia publicada en marzo de 2025, una reforma que modifica sustancialmente las reglas del acceso a la información pública en México.
El DAI como Herramienta de Supervivencia Democrática
Sales Sánchez definió el Derecho de Acceso a la Información (DAI) como un derecho humano fundamental que opera en dos dimensiones: como herramienta para la toma de decisiones personales y como mecanismo para la supervisión social del desempeño gubernamental. Durante su conferencia en el Auditorio “Abel Villicaña Estrada”, destacó casos como San Fernando, Tlatelolco y Ayotzinapa, donde el acceso a información permitió “reconstruir hechos, identificar responsabilidades institucionales y fortalecer el escrutinio público”.
Los Cambios Clave: Una Reforma con Ambivalencias
La consejera jurídica detalló cuatro transformaciones centrales de la nueva legislación:
Ampliación de sujetos obligados: Incorpora nuevas entidades como la Agencia de Transformación Digital y los Comités de Evaluación de los Poderes de la Unión.
Modificación del régimen de clasificación: Introduce el concepto de “paz social” como causal de reserva, con requisitos menos exhaustivos que el marco anterior.
Reconfiguración de autoridades garantes: Sustituye el Sistema Nacional de Transparencia por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, encabezado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Transformación del sistema de impugnación: Limita el recurso de inconformidad exclusivamente a asuntos de recursos públicos federales.
El Contexto Estatal: Armonización Pendiente en el EdoMéx
Sales Sánchez recordó que la declaratoria de reforma en materia de transparencia fue publicada en la “Gaceta del Gobierno” el 4 de noviembre de 2025, iniciando el proceso de armonización legislativa local. Este proceso determinará cómo se implementarán estos cambios en el Estado de México, una entidad con historial complejo en transparencia gubernamental.
En apocaliptic.com, analizamos esta reforma como un punto de inflexión ambiguo. Mientras amplía formalmente el catálogo de sujetos obligados, introduce conceptos como “paz social” que podrían utilizarse para justificar opacidad gubernamental. La presentación de Sales Sánchez refleja la posición institucional de una universidad pública que debe navegar este nuevo marco: reconocer sus avances formales mientras alerta sobre sus potenciales retrocesos sustantivos. En el Estado de México, donde la opacidad ha sido herramienta de poder histórica, la implementación de esta reforma será un termómetro crucial para medir si realmente avanza hacia un gobierno abierto o simplemente perfecciona los mecanismos de reserva de información.
