El Congreso del Estado de México analiza una propuesta del Grupo Parlamentario del PVEM para establecer el Registro de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres, un sistema público destinado a concentrar los datos de quienes cuenten con sentencia penal firme por delitos relacionados con agresiones hacia mujeres, incluida la violencia digital y mediática.
La iniciativa, presentada en sesión por la diputada Alejandra Figueroa Adame, plantea que este registro sea administrado por la Secretaría de Seguridad y que sólo se incluya a personas sentenciadas, sin que en ningún caso se publiquen datos de las víctimas.
Medidas inmediatas contra la violencia digital
Uno de los aspectos más relevantes es que la propuesta otorgaría facultades a ministerios públicos y jueces para ordenar, de manera inmediata, la interrupción, bloqueo, eliminación o destrucción de cuentas, imágenes, audios o videos que formen parte de una investigación por violencia digital.
La intención es frenar de forma rápida la difusión de contenido que afecte la integridad de las mujeres, así como obligar a las plataformas digitales, medios de comunicación y administradores de sitios web a atender estas órdenes y retirar material cuando sea requerido por la autoridad.
Alcances del nuevo registro
De acuerdo con el proyecto, el registro incluirá a personas sentenciadas por delitos que vulneren:
- La vida
- La integridad corporal
- Las libertades sexual y reproductiva
- La seguridad sexual
- El desarrollo de la personalidad
- La vida libre de violencia dentro de la familia
- La subsistencia familiar
- La violencia política, digital o mediática
La Secretaría de Seguridad deberá publicar el registro en su sitio oficial, emitir lineamientos para su operación y definir mecanismos para rectificar, cancelar u oponerse a la información, siempre que la ley lo permita.
Protección ante contenidos dañinos en línea
La iniciativa también detalla que, ante casos de violencia digital o mediática, se deberá identificar al proveedor del servicio en línea donde se aloje el contenido, así como su ubicación precisa, para garantizar la atención de las órdenes de retiro y proteger a las víctimas lo más pronto posible.
El documento plantea ajustes para que se considere violencia política, en razón de género, toda expresión que difame, calumnie o denigre a las mujeres en el ejercicio de sus funciones públicas. Esto incluye la generación de perfiles falsos, campañas de desprestigio y cualquier contenido digital que tenga como objetivo afectar su participación en la vida política.
Definición de violencia digital
La reforma propone incorporar una definición amplia de violencia digital, entendida como cualquier acto cometido mediante tecnologías de información, redes sociales, plataformas en internet o sistemas de mensajería que afecte la dignidad, integridad, vida privada o seguridad de las mujeres, y que pueda generar daño psicológico, físico, económico, sexual o moral.
Con esta iniciativa, el PVEM busca actualizar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incorporar nuevas herramientas jurídicas que respondan al aumento de agresiones cometidas en espacios digitales.
