La congresista Luisa Esmeralda Navarro Hernández, de Morena, planteó una reforma para que los poderes del Estado de México, los municipios y los organismos centralizados, descentralizados y autónomos destinen al menos el 5% de sus plazas de base y el 1% de sus plazas de confianza a personas transexuales. La propuesta llega con el argumento de que este sector enfrenta barreras estructurales que dificultan su acceso al empleo público.

Creación de una Comisión y de un Registro Único de Aspirantes

La iniciativa plantea que la Secretaría de la Contraloría sea la encargada de crear una Comisión de Seguimiento e Implementación, así como un Registro Único de Aspirantes Trans para ocupar las vacantes destinadas a esta acción afirmativa.

La Comisión estaría integrada por personal de los tres Poderes del Estado, representantes de gobiernos estatal y municipales, además de una persona del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación. También tendría la obligación de sesionar cuando sea necesario y presentar un informe anual con los avances en el cumplimiento de la medida.

Procedimientos y criterios para el servicio público

La propuesta incorpora lineamientos para la contratación, permanencia y terminación laboral en el servicio público. Establece que las y los servidores públicos deben actuar sin discriminar y fomentar una cultura de igualdad.

También precisa que será causa de terminación laboral la resolución del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje cuando existan faltas de probidad, actos de violencia, injurias, conductas discriminatorias, discursos de odio o malos tratos dentro o fuera del horario de servicio.

Definición de “persona trans” y otros elementos de la iniciativa

La congresista, quien preside la Comisión Legislativa para la Defensa de Derechos de las Poblaciones «LGBTTTIQNB+», definió como persona trans a quien se identifica con una identidad de género distinta a la asignada al nacer. Esta definición incluye, entre otras, a personas travestí, transgénero, transexuales, muxe y otras identidades emergentes o derivadas de pueblos indígenas.

El documento propone incluir como factor de valoración en el sistema escalafonario la pertenencia a una población históricamente vulnerada y estar inscrito en el Registro Único mencionado.

Navarro afirma que la cuota laboral no representa un privilegio, sino una forma de corregir desigualdades estructurales. Señaló que la medida busca abrir oportunidades de vida, de crecimiento laboral y de desarrollo profesional para personas trans que históricamente han enfrentado rezagos en su acceso al empleo público.