La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó avances significativos de la denominada Operación Restitución, un esfuerzo interinstitucional orientado a recuperar bienes inmuebles vinculados con despojo y otros delitos relacionados con la propiedad. Desde abril, fecha en la que se puso en marcha este plan como parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, las autoridades han logrado asegurar 1,228 inmuebles en distintos municipios del territorio estatal, mientras que 725 de ellos ya han sido devueltos a personas que acreditaron legalmente ser sus dueñas.

Acciones coordinadas entre dependencias

De acuerdo con el informe, la estrategia es ejecutada por la FGJEM en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y diversas policías municipales. Las intervenciones incluyen cateos, inspecciones y operativos simultáneos orientados a detectar ocupaciones ilegales y otras irregularidades.

Entre el 22 y el 29 de noviembre, autoridades de los tres órdenes de gobierno llevaron a cabo acciones en 13 municipios, derivando en el aseguramiento de 38 inmuebles adicionales, resultado de investigaciones previas.

Restituciones sin necesidad de proceso judicial prolongado

La Fiscalía destacó que, con base en determinaciones emitidas por los agentes del Ministerio Público, ha sido posible agilizar los procedimientos para que las víctimas recuperen sus propiedades sin esperar resoluciones judiciales que suelen tomar más tiempo.
De los 725 bienes restituidos, 664 corresponden a viviendas, 59 a predios sin construcción y dos más a locales o espacios destinados a actividades comerciales. Los legítimos propietarios pudieron acreditar documentalmente su derecho.

El comunicado señala que, desde el inicio de esta operación, no se han registrado denuncias en relación con los inmuebles asegurados durante este periodo. Esto contrasta con situaciones anteriores, ya que muchos de estos bienes habían sido reportados como ocupados ilegalmente desde años anteriores, incluidos algunos casos detectados desde 2014.