El Congreso del Estado de México aprobó que 21 municipios apliquen en 2026 tarifas distintas a las previstas en el Código Financiero estatal para los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. La decisión incluye actualizaciones basadas en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), incrementos específicos e incluso reducciones, dependiendo de cada demarcación.

Municipios con actualización conforme a la UMA

De acuerdo con el dictamen aprobado por el Pleno de la LXII Legislatura, 18 municipios tendrán una actualización de sus tarifas bajo el criterio de la UMA. Entre ellos se encuentran Acolman, Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, El Oro, Huixquilucan, Jilotepec, Lerma, Metepec, Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero, Tecámac, Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Valle de Bravo y Zinacantepec.

La diputada Susana Estrada Rojas, quien presentó el documento en tribuna, afirmó que estos ajustes se realizan con el propósito de fortalecer la transparencia y la administración adecuada de los recursos públicos municipales.

Aumentos y reducciones en Coacalco, Cuautitlán y Huixquilucan

Tres municipios recibieron autorización para aplicar ajustes tarifarios específicos:

Coacalco
Podrá incrementar 4 por ciento las tarifas para consumos domésticos y no domésticos.

Cuautitlán
Aplicará una reducción de 22 por ciento en el servicio comercial y de 14 por ciento en el uso industrial.

Huixquilucan
Aumentará 15 por ciento la tarifa residencial media destinada al consumo doméstico.

Llamado a mejorar la recaudación municipal

El Congreso también exhortó a todos los municipios a continuar y perfeccionar las acciones dirigidas a mejorar la recaudación de derechos por los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales, con el objetivo de fortalecer las finanzas locales y garantizar la prestación de los servicios.

Debate: plantean suspender cobro en casos de desabasto

Durante la discusión, la diputada Ruth Salinas Reyes expuso su desacuerdo con los ajustes al considerar que no en todos los municipios se garantiza el suministro de agua. Propuso que, cuando el servicio doméstico se suspenda por más de 48 horas, se deje de cobrar y se otorgue una compensación del 30 por ciento sobre el promedio anual de consumo. La medida, que aplicaría una vez restablecido el servicio, fue sometida a votación, pero finalmente rechazada por el Pleno.