Toluca, EdoMéx. – La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ejecutó un operativo especial de protección durante las manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, monitoreando protestas en diez municipios mexiquenses donde aproximadamente dos mil personas exigieron justicia y alto a la violencia de género.

Dispositivo de Garantías: Acompañamiento Activo en Tiempo Real

Bajo la coordinación del presidente Víctor Leopoldo Delgado Pérez, la CODHEM desplegó personal de sus Visitadurías Generales y de la Visitaduría Adjunta de Igualdad de Género, quienes realizaron un monitoreo continuo -presencial y a distancia- de las movilizaciones. El Segundo Visitador General, Miguel Ángel Cruz Muciño, supervisó las operaciones desde el C4 del Ayuntamiento de Toluca, asegurando el respeto a los derechos de reunión y expresión.

Geografía de la Protesta: De Nezahualcóyotl a Tenancingo

Las manifestaciones abarcaron desde grandes concentraciones urbanas hasta actos simbólicos en municipios como Amanalco, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, La Paz, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tenancingo, Tepotzotlán, Toluca y Villa Victoria. En Tepotzotlán, más de 1,200 personas se congregaron pacíficamente en la Plaza de las Cruces, donde recibieron asesoría jurídica de personal de la CODHEM.

Memoria y Exigencia: Acciones que Trascienden la Marcha

Colectivas feministas desarrollaron diversas formas de protesta: colocación de fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas, plantones frente a la Fiscalía General de Justicia estatal, exposiciones de zapatos rojos y mesas de diálogo. En Tenancingo, aproximadamente cien personas participaron en la caminata «Unidas por una vida libre de violencia».

En apocaliptic.com, documentamos este operativo como un cambio de paradigma en la protección del derecho a la protesta. Mientras la violencia feminicida continúa devastando comunidades, la CODHEM establece un precedente al garantizar que las voces de las mujeres puedan resonar en las calles sin represalias, reconociendo que, en un estado con emergencia de género, la protesta pacífica no es solo un derecho, sino un mecanismo de supervivencia colectiva.