Con el propósito de fortalecer la reforma a la Ley de Amnistía del Estado de México, el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) planteó la creación de una Comisión Legislativa encargada de recopilar aportaciones de la sociedad civil, academia, gobierno, familiares de víctimas y personas abogadas. El objetivo es presentar un proyecto actualizado en enero ante el Congreso mexiquense.
Plantean ajustes estatales y posibles reformas federales
En el Foro de Análisis para Reformar la Ley de Amnistía, y ante la diputada María José Pérez Domínguez (morena), Martínez Vargas señaló que, si es necesario, también impulsará cambios al marco jurídico federal.
El legislador justificó la necesidad de la reforma al señalar irregularidades en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y en el Poder Judicial, entre ellas fabricación de delitos, inconsistencias procesales y abusos de autoridad.
Población penitenciaria en aumento
Martínez Vargas destacó que en los 22 centros penitenciarios del estado hay 39 mil personas privadas de la libertad, entre procesadas y sentenciadas. Aseguró que esta cifra se duplicó desde 2015, cuando ascendía a 18 mil.
El diputado adelantó que también propondrá una nueva Ley Orgánica de la FGJEM. Recordó otras acciones legislativas recientes: la tipificación del despojo como delito grave, sanciones a los “montachoques” y a prácticas de usura como los “préstamos gota a gota”, así como iniciativas para castigar la fabricación de delitos y eliminar el fuero penal a todas las personas servidoras públicas.
Aportaciones de especialistas y organizaciones
Durante el foro, José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, señaló que la reforma debe contemplar un grupo de personas expertas nacionales e internacionales dentro de la Comisión Legislativa. Este grupo analizaría solicitudes de amnistía e investigaría casos relevantes, en especial aquellos en etapa inicial o judicializada, para determinar si los delitos de alto impacto fueron realmente cometidos por las personas procesadas o sentenciadas.
También planteó que se investiguen las asignaciones e incrementos al Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública aprobados por legislaturas anteriores.
Por su parte, José Carlos Neira Cruz, encargado del Despacho de la Dirección General del Instituto de la Defensoría Pública estatal, propuso incluir en el proyecto a mujeres criminalizadas por pobreza, personas indígenas sin traductor, adolescentes procesados sin garantías plenas y personas acusadas injustamente por delitos no graves o sin pruebas suficientes.
El foro reunió a familiares de personas privadas de la libertad, representantes de organizaciones civiles y personas defensoras públicas, quienes aportaron testimonios y propuestas para enriquecer la reforma.
