Las comisiones legislativas del Congreso del Estado de México aprobaron una propuesta que busca dotar al estado de mayores atribuciones para actuar directamente contra la tala ilegal y la extracción clandestina de madera, sin depender de convenios con la Federación.
La iniciativa, promovida por la diputada Leticia Mejía García, del PRI, plantea reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para que los gobiernos estatales puedan realizar labores de inspección, prevención y vigilancia forestal con autonomía operativa.
Actualmente, dichas acciones dependen de la firma de convenios con autoridades federales, lo que —según la proponente— retrasa la respuesta ante delitos ambientales y limita la capacidad de reacción frente al avance de la tala clandestina.
Coincidencia multipartidista por una respuesta más rápida y eficaz
Durante la sesión conjunta de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Agropecuario y Forestal, legisladores de Morena, PVEM, PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en que la reforma permitirá una actuación más oportuna y cercana a las comunidades afectadas.
El diputado Esteban Juárez Hernández (Morena) afirmó que el dictamen fortalecerá la justicia ambiental, mientras que Angélica Pérez Cerón, de la misma bancada, reconoció que la medida también respalda el trabajo de las comunidades que defienden sus bosques.
El diputado Octavio Martínez Vargas subrayó que la tala ilegal es un problema histórico que requiere vigilancia permanente y coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno.
Incorporan transitorio para fortalecer capacidades estatales
A propuesta del Partido Verde Ecologista de México, se añadió un artículo transitorio que obliga a las legislaturas locales a realizar, en un plazo máximo de 180 días hábiles, las adecuaciones jurídicas necesarias para fortalecer sus instituciones forestales.
Estas modificaciones deberán incluir mecanismos de monitoreo, inspección, restauración y protección forestal, así como sistemas de información que integren acciones de seguimiento y respuesta ante delitos ambientales.
La diputada Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM) destacó que la iniciativa incorpora observaciones de su grupo parlamentario, lo que —dijo— le otorga una visión institucional y técnica capaz de enfrentar los desafíos ambientales actuales.
Desde Movimiento Ciudadano, Maricela Beltrán Sánchez consideró que el proyecto fomenta una responsabilidad compartida entre Federación, estados y municipios, con mayor presencia en territorio y menos excusas frente a la ilegalidad.
Su compañera de bancada Ruth Salinas Reyes añadió que la propuesta representa un avance hacia una actuación más firme de las autoridades locales y pidió incluir sanciones más severas para servidores públicos que participen en redes vinculadas con la tala ilegal.
La diputada Leticia Mejía García sostuvo que el objetivo central es dotar a los estados de herramientas legales para actuar con independencia y eficacia. “Como entidad federativa, hay que pasar de los dichos a los hechos en la protección de la cadena de valor de nuestros bosques”, afirmó.
