El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) emitió una Acción Urgente para alertar sobre el riesgo que enfrentan tres defensores indígenas otomíes del medio ambiente y del territorio del pueblo de Santa María Magdalena Cahuacán, en el Estado de México.
De acuerdo con el comunicado, los activistas Celerino Rojas García, Gonzalo Sánchez Ronquillo y Trinidad Cruz Gallardo, representantes del pueblo indígena otomí de Cahuacán, fueron citados por la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad mexiquense para el 11 de noviembre de 2025, dentro de una carpeta de investigación federal. El CDHZL advierte que los tres podrían ser objeto de una criminalización por su labor en defensa del territorio, los bosques y el agua.
Defensores con trayectoria en la lucha ambiental
El documento subraya que los tres defensores han sido figuras visibles en la protección del territorio otomí durante al menos 15 años, enfrentando intentos de despojo, tala clandestina y la falta de reconocimiento de los derechos de su comunidad.
Durante 2025, señala la organización, el pueblo ha sufrido incursiones tanto de autoridades locales como de empresas privadas, incluyendo el envío de cuerpos de seguridad y agresiones atribuidas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la empresa transnacional Aleatica, a través de su filial AT-AT. Estas acciones habrían incluido golpes, amenazas y actos de intimidación.
Pese a ello, la comunidad ha mantenido su resistencia mediante la organización comunitaria y la defensa pacífica de su territorio. El CDHZL considera que las recientes acciones judiciales buscan coartar esa resistencia mediante el uso indebido del sistema penal.
Llamado a las autoridades mexicanas
En su pronunciamiento, el Centro Zeferino Ladrillero exhorta a todas las autoridades del país a garantizar la libertad e integridad física y psicológica de los tres defensores. El llamado se fundamenta en el artículo 1º de la Constitución mexicana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú, que protegen el derecho a defender el medio ambiente y los derechos colectivos.
La organización solicita que se detenga cualquier acto de criminalización y que se respete el trabajo de las personas y comunidades que protegen los recursos naturales y territorios indígenas.
