El Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) dio a conocer un comunicado en el que detalla las acciones emprendidas tras la detección de movimientos financieros inusuales en cuentas institucionales del propio tribunal.
La información fue difundida en respuesta a un exhorto emitido el 22 de octubre por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, que solicitó a la instancia fiscalizadora informar sobre las medidas adoptadas y los posibles resultados de las investigaciones.
De acuerdo con el comunicado, el Órgano Interno de Control inició un procedimiento administrativo en cuanto tuvo conocimiento de los hechos. Se precisó que se han realizado diversas diligencias, entre ellas el desahogo de actos de verificación y requerimientos de información a personas y entidades públicas y privadas, además del análisis de la documentación relacionada con los movimientos financieros observados.
El órgano subrayó que toda la información recabada se maneja bajo reserva y secreto, conforme al artículo 99 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, con el propósito de garantizar la integridad de la investigación y determinar, en su caso, la existencia de faltas administrativas o responsabilidades correspondientes.
Asimismo, el comunicado señala que se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a fin de que se investiguen posibles delitos cometidos por servidores públicos. El órgano aseguró que mantiene una coordinación constante con autoridades judiciales y de procuración de justicia para atender los requerimientos formulados y contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Finalmente, el Órgano Interno de Control reafirmó el compromiso del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México con la transparencia, la rendición de cuentas y la ética institucional, destacando su papel dentro del Sistema Estatal Anticorrupción y su responsabilidad en el fortalecimiento de la cultura de legalidad en el servicio público.
