En un movimiento que ha desatado múltiples cuestionamientos, la diputada Yesica Yanet Rojas Hernández, militante de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado de México. La propuesta, que busca hacer obligatorios certificados médicos y pruebas antidoping para la inscripción de estudiantes en secundaria, preparatoria y universidad, se presenta bajo el manto de la «prevención» y la «salud integral». Sin embargo, detrás de este aparente velo de preocupación, late una medida que no solo invade la privacidad de miles de jóvenes, sino que ignora por completo la hipocresía de no extender el mismo escrutinio a los políticos que la impulsan.

Una medida que criminaliza en lugar de educar

La iniciativa, revelada el 29 de octubre en sesión del Congreso Mexiquense, argumenta que las pruebas –gratuitas y financiadas por el gobierno estatal– no serán punitivas. En caso de resultados positivos, los estudiantes serían canalizados a programas de rehabilitación, en un supuesto respeto a sus derechos humanos.

Pero, ¿realmente es así? Críticos argumentan que esta obligatoriedad representa una barrera innecesaria al derecho a la educación, estigmatizando a los jóvenes como potenciales «delincuentes» desde la puerta de la escuela.

Al respecto, ha generado controversia también la selectividad de la propuesta. Mientras Rojas Hernández –quien se fotografió en un evento con un cartel de «Prevenir es Educar» y una piñata simbólica– exige transparencia química a los estudiantes, no menciona ni una palabra sobre aplicar el mismo rigor a los legisladores, funcionarios y políticos. ¿Acaso los políticos del Congreso mexiquense están exentos de sospechas? En un país donde la corrupción y el abuso de poder son endémicos, esta omisión huele a doble moral.

Organizaciones civiles alzan la voz

Y no es solo la ciudadanía la que alza la voz. Organizaciones civiles del Estado de México han salido al frente para cuestionar esta iniciativa retrograda. Entre ellas, Cometa Colectiva, una organización dedicado a la defensa de derechos humanos y la equidad social, que emitió un mensaje al respecto :

«Contra el derecho a la educación, la diputada Yesica Rojas de morena propone antidoping a estudiantes. Acorde a una política retrograda y prohibicionista la diputada busca señalar y criminalizar estudiantes para dificultar su acceso a las escuelas.
¿Estaría bien aplicar antidoping a politicxs no?
#edomex»

El testimonio de Cometa no es un lamento aislado; refleja un consenso creciente entre activistas y educadores. Esta medida, argumentan, perpetúa un enfoque punitivo y clasista, donde los jóvenes de sectores vulnerables –precisamente los más afectados por la falta de oportunidades– son los primeros en ser «escaneados». ¿Cuántos estudiantes renunciarán a su inscripción por el estigma? ¿Cuántos programas de rehabilitación reales existen en un estado con presupuestos recortados en salud mental?

Un debate obsoleto que resurge

Pero esta no es la primera vez que México revive este debate obsoleto. Hace más de una década, en marzo de 2012, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) presentó «Pautas para la Prevención y la Atención de las Adicciones en Universidades», un documento que recomendaba exámenes antidoping obligatorios para estudiantes y profesores como herramienta de detección temprana.

La propuesta, impulsada por el entonces secretario general ejecutivo de la ANUIES, Rafael López, buscaba alertar a padres y orientar a los afectados hacia tratamiento. Sin embargo, la reacción fue inmediata y unánime: rectores de universidades públicas, como la UNAM, se pronunciaron en contra, tachándola de criminalizadora y violatoria del principio constitucional de presunción de inocencia.

El rector de la UNAM, José Narro Robles, a través de su secretario administrativo Enrique del Val, fue claro: ‘La UNAM no avala ni aplicará’ las propuestas de la ANUIES, tachando las pruebas antidoping de ‘extravagantes y violatorias de derechos humanos’, ya que son ‘totalmente contrarias a la filosofía de la universidad’.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) también rechazó su implementación a nivel nacional, argumentando que priorizaba la educación sobre la vigilancia.

A nivel internacional, iniciativas similares han sido desechadas por su ineficacia. En Colombia, la Corte Constitucional prohibió pruebas forzadas en escuelas en 2016, priorizando la dignidad sobre la vigilancia. En México, propuestas análogas en estados como Campeche han quedado en el cajón, mientras que en Filipinas –donde sí se aplican– han generado denuncias de Human Rights Watch por criminalización masiva. ¿Aprenderá el Congreso del Edomex de estos errores, o seguirá el camino de la criminalización disfrazada de protección?