En el Congreso del Estado de México, diputados de distintas fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de otorgar a las entidades federativas mayores atribuciones para combatir de manera directa la tala ilegal, uno de los principales delitos ambientales que afectan al país.

Propuesta para ampliar facultades estatales

Durante una reunión conjunta de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Agropecuario y Forestal, los legisladores analizaron una iniciativa presentada por la diputada Leticia Mejía, del PRI, que busca reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para que los estados cuenten con facultades plenas en materia de inspección, vigilancia y sanción de la tala ilegal.

La propuesta plantea que la Federación mantenga la emisión de normas generales y la supervisión de su cumplimiento, mientras que las entidades asumirían la ejecución directa de inspecciones, sanciones y acciones preventivas, sin depender de convenios o acuerdos federales.

Argumentos a favor

El diputado Esteban Juárez Hernández (Morena) destacó que la tala ilegal representa una amenaza directa para los ecosistemas forestales y para las comunidades que dependen de ellos. Consideró que permitir la actuación inmediata de los estados fortalecería la protección ambiental y la aplicación de la ley, al reducir los tiempos de respuesta ante los delitos.

La diputada Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM) señaló que entre 2001 y 2024 el país perdió más de cinco millones de hectáreas de bosques y selvas debido a incendios y tala ilegal. Afirmó que enfrentar esta problemática requiere instituciones locales con mayor capacidad operativa y una coordinación más efectiva entre los tres niveles de gobierno.

En el mismo sentido, la diputada Maricela Beltrán Sánchez (MC) sostuvo que la iniciativa contribuiría a cerrar brechas institucionales entre la Federación, los estados y los municipios, al establecer mecanismos claros de coordinación bajo liderazgo estatal. Agregó que fortalecer la trazabilidad de la madera y los inventarios forestales es esencial para frenar el comercio ilegal de productos maderables.

Impacto ambiental y antecedentes

La diputada Mejía explicó que, de acuerdo con datos oficiales, en 2022 se perdieron más de mil 300 hectáreas de bosque en territorio mexiquense a causa de la tala clandestina, afectando principalmente a municipios como Amecameca, Ocuilan, Valle de Bravo, Tlalmanalco, Villa Victoria y Sultepec.

Recordó que entre 2013 y 2017 existieron convenios de Asunción de Funciones en materia de inspección y vigilancia forestal entre la Federación y los estados. Gracias a esos acuerdos, el gobierno mexiquense pudo emitir órdenes de inspección, imponer sanciones y ejecutar medidas de seguridad, tareas que actualmente recaen únicamente en las autoridades federales.

Según estimaciones del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, al menos la mitad de la madera comercializada en México proviene de fuentes ilegales, lo que refleja la urgencia de fortalecer las capacidades locales de supervisión y control.

El análisis de la iniciativa continuará en las comisiones correspondientes antes de ser sometido a la consideración del pleno legislativo.