El Congreso del Estado de México analiza una iniciativa que busca reforzar el marco legal para garantizar la atención integral y diferenciada de niñas, niños y adolescentes en condiciones de extrema vulnerabilidad.
La propuesta, presentada por la diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez, del grupo parlamentario de Morena, plantea que las autoridades estatales y municipales asuman obligaciones específicas para garantizar el acceso de este sector a servicios médicos, psicológicos, educativos, jurídicos y sociales, además de establecer medidas de protección inmediata y mecanismos de participación infantil y adolescente en las políticas públicas que los involucren.
Inclusión de menores desplazados internos en la ley estatal
Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es la incorporación de menores en condición de desplazamiento interno —aquellos que se ven obligados a abandonar sus hogares sin salir del país— al catálogo de situaciones especiales previsto por la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.
Con ello, se busca que quienes enfrentan este tipo de desplazamiento reciban protección jurídica y social efectiva, similar a la que ya se brinda a menores con padres encarcelados, víctimas de trata, adolescentes en conflicto con la ley, menores en situación de calle o víctimas de violencia familiar, feminicidio, desaparición o abuso sexual.
Hacia una atención con enfoque interseccional
De acuerdo con la legisladora, el objetivo es incorporar de manera transversal la perspectiva de infancias y adolescencias en la formulación de políticas públicas, con especial atención a fenómenos emergentes que deterioran el tejido social.
La propuesta busca aprovechar y fortalecer las estructuras gubernamentales existentes, garantizando una respuesta coordinada y con perspectiva interseccional, es decir, que considere las múltiples formas de vulnerabilidad que pueden afectar simultáneamente a una persona menor de edad.
Coordinación institucional y capacitación especializada
El proyecto de reforma plantea la coordinación entre los sectores público, social, privado y académico para mejorar la protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Además, propone capacitar y certificar al personal encargado de su atención, así como establecer protocolos unificados de actuación con enfoque de curso de vida, a fin de garantizar respuestas rápidas y adecuadas ante cada caso.
También se prevé la realización de campañas de prevención e información para detectar a tiempo situaciones de riesgo, y la creación de mecanismos de consulta que permitan a niñas, niños y adolescentes expresar su opinión sobre las políticas públicas que influyen en su bienestar.
Un sector fundamental de la población mexiquense
De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, las niñas, niños y adolescentes representan el 19 por ciento de la población del Estado de México, es decir, cerca de 3.24 millones de personas de entre 0 y 17 años.
La diputada Santos Rodríguez subrayó que este grupo demográfico constituye un pilar esencial para el desarrollo social, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar su protección integral y promover condiciones que favorezcan su pleno desarrollo físico, emocional y educativo.
Con esta iniciativa, el Congreso mexiquense busca fortalecer el marco legal y operativo que ampara a las infancias y adolescencias, adaptándolo a los nuevos desafíos sociales y reafirmando el compromiso institucional con la protección y el respeto a sus derechos humanos.
