El diputado Gerardo Pliego Santana, del grupo parlamentario de Morena, presentó ante el Congreso del Estado de México una iniciativa para reformar el Código Penal estatal, con el propósito de imponer sanciones de hasta 20 años de prisión a quienes comercialicen, transporten, distribuyan, almacenen o procesen maíz genéticamente modificado sin autorización legal.

La propuesta también contempla penas de dos a ocho años de cárcel para quienes realicen la siembra de especies transgénicas, además de multas que irían de 30 a 150 días de salario mínimo. En el caso de la comercialización u otras actividades vinculadas, las sanciones aumentarían a entre 10 y 20 años de prisión y multas de mil a mil 500 días.

De acuerdo con el legislador, la iniciativa busca proteger el patrimonio biológico, cultural y alimentario del Estado de México, así como garantizar los derechos constitucionales a un medio ambiente sano, a la salud y a la alimentación. Asimismo, se plantea como una medida para cumplir los compromisos internacionales de México en materia de biodiversidad y derechos de los pueblos indígenas.

Pliego Santana explicó que la propuesta surgió tras un foro realizado el 17 de julio en la sede del Congreso mexiquense, donde participaron activistas, campesinos, especialistas y representantes del Movimiento por la Defensa del Maíz del Estado de México. Dicho encuentro permitió integrar diversas perspectivas sobre la importancia de conservar las variedades nativas del grano.

El documento presentado ante el pleno subraya que el maíz y otros cultivos tradicionales representan un símbolo de identidad y sustento para los pueblos originarios, al ser parte esencial de su alimentación, economía y cosmovisión. La alteración genética de las especies nativas, advierte el texto, puede generar la pérdida de su diversidad adaptativa, nutricional y cultural, lo que afectaría directamente la soberanía alimentaria del país.

Además, la iniciativa argumenta que los cultivos transgénicos pueden tener efectos adversos en la salud humana. Cita estudios que asocian el consumo de estos productos con alteraciones en el sistema inmunológico, disfunciones hepáticas y renales en modelos animales, así como reacciones alérgicas. También menciona el uso de herbicidas como el glifosato, clasificado por la Organización Mundial de la Salud como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.

En el ámbito ambiental, se señala que la agricultura industrial basada en organismos genéticamente modificados promueve el uso intensivo de agroquímicos, lo que deteriora los suelos, contamina mantos acuíferos y afecta a insectos polinizadores. Asimismo, advierte sobre la creciente concentración del control agroalimentario en manos de corporaciones privadas, lo que genera dependencia tecnológica y limita la autonomía de los pequeños productores.

El legislador mexiquense destacó que esta propuesta se enmarca en la reciente reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que declaró al maíz como un elemento de identidad nacional y estableció la obligación del Estado mexicano de garantizar su cultivo libre de transgénicos.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen, con lo que inicia su proceso legislativo en el Congreso del Estado de México.