La reciente propuesta del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de México ha generado fuerte preocupación entre periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles. La iniciativa busca reformar el Código Penal estatal para castigar con hasta un año de prisión y 120 días de multa a quienes graben o difundan actos violentos sin intervenir o auxiliar a la víctima, incluso si se trata de periodistas o comunicadores en ejercicio de su labor informativa.

De acuerdo con el documento presentado por los legisladores Pablo Fernández de Cevallos González y Joanna Alejandra Felipe Torres, el objetivo sería desalentar la “proliferación de contenidos violentos” y fomentar la solidaridad social. Según el texto, el impulso por “capturar el momento” y difundirlo en redes sociales o medios de comunicación “limita las posibilidades de auxilio” y “favorece la apología de la violencia”.

Sin embargo, la iniciativa abre un peligroso precedente: bajo su redacción actual, cualquier persona que documente un hecho violento —incluso un periodista, fotoperiodista o ciudadano que registra una agresión para denunciarla— podría ser tratada como responsable penalmente por no intervenir, tratando de obligar a civiles incluso a poner en riesgo su vida.

Especialistas en libertad de expresión advierten que una norma de este tipo criminaliza la observación periodística y el registro documental, funciones esenciales para la rendición de cuentas y el derecho de la sociedad a estar informada. Grabar un hecho violento no implica indiferencia, sino documentación de la realidad, muchas veces necesaria para que las autoridades actúen o para que se conozcan violaciones a los derechos humanos.

Además, la reforma plantearía una carga irreal y peligrosa: exigir que periodistas o testigos intervengan físicamente en situaciones de riesgo, como asaltos, detenciones violentas o ataques armados, cuando lo que muchas veces hacen es evitar un daño mayor al registrar pruebas que pueden ser clave para la justicia.

Mientras el documento argumenta que “prestar auxilio constituye un acto solidario que beneficia a la convivencia social”, omite reconocer que la grabación de hechos violentos ha permitido, en innumerables casos, visibilizar abusos policiales, feminicidios, agresiones o negligencias que de otro modo habrían quedado impunes.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y organismos como Artículo 19 han sostenido reiteradamente que las leyes que restringen la cobertura periodística de hechos violentos vulneran la libertad de prensa y pueden convertirse en herramientas de censura o intimidación contra quienes documentan abusos.

Más allá del discurso moral sobre la “solidaridad”, la propuesta del PAN mexiquense confunde el deber ético con la obligación penal, y amenaza con convertir el periodismo en una actividad de alto riesgo jurídico. Castigar con cárcel a quien filma la violencia, en lugar de garantizar seguridad y justicia a las víctimas, es voltear el problema al mensajero.

Si prospera, esta reforma podría significar un retroceso grave en materia de derechos humanos y libertad de expresión en el Estado de México, sentando un precedente peligroso para todo el país. En tiempos en que los periodistas son blanco frecuente de amenazas, agresiones y censura, iniciativas como esta no fortalecen la solidaridad social, sino que debilitan la democracia y el derecho ciudadano a saber la verdad.