El Congreso del Estado de México analiza una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del PRI que busca sancionar con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) —equivalentes a aproximadamente 56 mil 570 pesos— la difusión no consentida de imágenes, audios o videos sexuales manipulados mediante inteligencia artificial (IA).

La propuesta fue presentada por las y los legisladores Lilia Urbina Salazar y Elías Rescala Jiménez, quienes señalaron que el uso de herramientas tecnológicas para alterar contenidos íntimos con apariencia real constituye una nueva forma de violencia digital que debe ser reconocida y sancionada por la ley penal.

Contenidos manipulados y violaciones a derechos

De acuerdo con el proyecto de reforma al Código Penal del Estado de México, la sanción aplicaría a cualquier persona que, utilizando aplicaciones o programas de inteligencia artificial, modifique o cree contenidos sexuales falsos con la finalidad de exponer, distribuir, difundir, exhibir, transmitir o compartir dicho material sin el consentimiento expreso de las personas involucradas.

El documento precisa que la manipulación digital sin autorización representa una grave violación a los derechos humanos, al afectar el derecho a la intimidad, la imagen y la dignidad de las víctimas. La diputada Urbina enfatizó que este tipo de conductas impactan principalmente a niñas, adolescentes y mujeres, al reproducir dinámicas de cosificación y violencia de género en entornos digitales.

Una medida frente al aumento de casos

Durante la presentación de la iniciativa, la legisladora recordó el caso de Diego “N”, exalumno del Instituto Politécnico Nacional, detenido en octubre de 2023 por almacenar más de 166 mil imágenes y 20 mil videos sin consentimiento de sus compañeras. Este hecho, afirmó, evidenció la urgencia de actualizar la legislación ante el avance de las tecnologías capaces de generar o modificar material íntimo de manera automatizada.

Reformas y equiparación de penas

La propuesta plantea incorporar este delito al Código Penal mexiquense y equiparar las sanciones con las que actualmente se aplican a quienes difunden contenidos sexuales obtenidos con consentimiento, pero compartidos sin autorización posterior. En ambos casos, la intención es proteger el derecho a la privacidad y a una vida libre de violencia digital, especialmente para las mujeres.

Con esta iniciativa, el Congreso del Estado de México busca responder al crecimiento de los llamados “deepfakes” de carácter sexual, una práctica que combina imágenes reales con técnicas de inteligencia artificial para crear falsificaciones verosímiles que pueden ser utilizadas con fines de acoso, extorsión o daño reputacional.