La Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura del Estado de México avanzó en el análisis de una iniciativa que busca retirar las dispensas de responsabilidad para quienes encubran a personas investigadas o vinculadas a proceso por el delito de feminicidio.

La propuesta, presentada por el diputado Héctor Karim Carvallo Delfín (Morena), plantea reformar el Código Penal estatal con el objetivo de evitar que familiares o personas cercanas de los responsables puedan quedar exentas de sanciones. Actualmente, la legislación contempla excepciones para cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes y otros parientes, así como para personas con vínculos de gratitud o amistad con el imputado, siempre que no medie un interés ilegítimo.

Durante la sesión, la legisladora Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), presidenta de la comisión, subrayó que el feminicidio genera un doble dolor: la pérdida de la víctima y la falta de justicia. Señaló que la impunidad suele sostenerse en la complicidad o el silencio, por lo que no deben existir excusas familiares ni vínculos de sangre que justifiquen encubrir a un feminicida.

El diputado Carvallo Delfín agregó que no deben colocarse barreras a la impartición de justicia y que resulta necesario evitar cualquier forma de encubrimiento.

Por su parte, el legislador Octavio Martínez Vargas (Morena) recordó que la entidad mantiene dos Alertas de Violencia de Género: una por feminicidio y otra por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en 11 municipios. Destacó que existen casos en los que personas cercanas a los victimarios los encubrieron, lo que refuerza la pertinencia de la reforma.

Martínez Vargas propuso convocar al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que participe en los trabajos legislativos y presente los resultados de su gestión, planteamiento respaldado por la diputada Álvarez. La eventual invitación se daría en el marco del análisis del Segundo Informe de Gobierno.

La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) sugirió precisar que la reforma corresponde al artículo 153 del Código Penal, y no al 281, como señalaba el documento inicial. La propuesta fue aprobada por la comisión.

De aprobarse la iniciativa, quienes encubran a personas procesadas por feminicidio podrían enfrentar sanciones de hasta ocho años de prisión y hasta 300 días multa. La intención es eliminar cualquier excepción legal frente a un delito que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cobra la vida de diez mujeres cada día en el país, equivalente a un caso cada 2.4 horas.