El Congreso del Estado de México analiza una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra quienes abandonen residuos en sitios no autorizados. La propuesta, presentada por el diputado Israel Espíndola López, del Grupo Parlamentario de Morena, plantea incorporar en el Código Penal estatal el delito de abandono doloso de basura, con penas que pueden llegar hasta los 11 años y tres meses de prisión en casos graves.
La iniciativa considera que las sanciones administrativas actuales no han sido suficientes para prevenir el deterioro ambiental provocado por el manejo inadecuado de los desechos. Por ello, se busca establecer consecuencias penales que castiguen de manera proporcional las conductas dolosas y reiteradas que afectan al medio ambiente y la salud de la población.
El planteamiento prevé sanciones diferenciadas de acuerdo con el tipo y la cantidad de residuos. Para quienes arrojen hasta 20 kilogramos de basura, la pena sería de seis meses a dos años de cárcel y multa de entre 50 y 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Si el volumen excede ese límite o se trata de residuos peligrosos, electrónicos o sustancias tóxicas, el castigo aumentaría de dos a cinco años de prisión y de 500 a mil UMA de multa. Las sanciones se incrementarían hasta en una mitad si la conducta ocurre en áreas naturales protegidas, zonas de recarga hídrica o si provoca afectaciones a la salud humana. En caso de reincidencia, la pena también se agravaría.
Adicionalmente, se contempla que los jueces puedan ordenar la prestación de servicio comunitario en labores de limpieza o remediación ambiental por un plazo de hasta seis meses. No obstante, se establece que no se procederá penalmente contra infractores sorprendidos en flagrancia cuando se trate de la primera ocasión y acepten cumplir de inmediato con las sanciones administrativas, siempre que no existan daños graves.
La propuesta también busca sancionar con entre dos y seis años de prisión y multas de 150 a 300 días a quienes posean, adquieran, vendan, transporten o almacenen materiales o residuos peligrosos sin cumplir las normas oficiales correspondientes.
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es permitir que cualquier persona, organización civil o autoridad municipal pueda denunciar estas conductas, eliminando el requisito de que sea exclusivamente la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible quien presente las querellas. Con ello se busca facilitar la persecución penal y garantizar que el Ministerio Público actúe de oficio cuando existan pruebas suficientes.
Espíndola subrayó que la intención no es criminalizar a la ciudadanía, sino sancionar actos dolosos o negligentes que afectan ecosistemas, contaminan barrancas, calles y zonas forestales, así como prácticas de transportistas que cobran por depositar residuos y los abandonan en sitios no autorizados.
Previo a la presentación de la iniciativa, el legislador felicitó a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por su Segundo Informe de Gobierno, reconocimiento al que se sumaron las diputadas Zaira Cedillo y María José Pérez, así como el diputado Octavio Martínez, quienes destacaron avances en materia de seguridad y acciones recientes de la Fiscalía General de la República en Ecatepec.