El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) manifestó su respaldo a José Guadalupe Luna Hernández, integrante de la terna final de aspirantes a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), cuya designación será votada próximamente por el Pleno de la LXII Legislatura. La terna fue aprobada ayer en comisiones del Congreso mexiquense, tras un proceso de entrevistas y evaluaciones.

En su posicionamiento, el CDHZL reconoció que las tres personas propuestas cuentan con méritos y trayectorias destacadas en la administración pública, lo que refleja la seriedad del procedimiento impulsado por la Junta de Coordinación Política y la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Sin embargo, destacó de manera particular el perfil de Luna Hernández, a quien describió como un profesional con amplia experiencia en instituciones relacionadas con los derechos humanos y con un historial de colaboración con organizaciones de la sociedad civil en temas de transparencia, defensa de personas injustamente presas y derechos de pueblos indígenas.

El organismo consideró que esta conexión genuina con la ciudadanía lo convierte en un perfil idóneo para fortalecer la legitimidad y el impacto de la CODHEM en la atención de violaciones a derechos humanos en la entidad. Confió en que el Pleno legislativo mantenga un espíritu de diálogo y consenso en el proceso de designación y que la elección se base en argumentos sólidos que prioricen el interés superior de los derechos humanos en el Estado de México.

Asimismo, el CDHZL hizo un llamado a las diputadas y diputados a tomar una decisión histórica que garantice que la persona designada para el periodo 2025-2029 cuente con legitimidad social y respaldo ciudadano para liderar una institución transformadora. Reafirmó además su compromiso de trabajar de la mano con la CODHEM y con todas las instancias que promueven la libertad, la justicia y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

La definición de la presidencia de la CODHEM es relevante para el fortalecimiento de la vida democrática y de los mecanismos de protección de derechos en el Estado de México. La decisión del Congreso marcará la ruta de la institución para los próximos cuatro años y podría incidir en la manera en que se atienden los retos en materia de derechos humanos en una de las entidades más pobladas del país.