Lluvia de demandas por presuntos abusos en operativos del ayuntamiento
Toluca, Edoméx.- Comerciantes ambulantes del “Movimiento Popular Ernesto Che Guevara” denunciaron una serie de abusos por parte de autoridades municipales, específicamente atribuidos al funcionario Mario Alberto Medina, director de gobierno municipal. Los vendedores, quienes laboran en zonas como la Terminal de Autobuses, el Mercado Juárez y la Avenida Isidro Fabela, señalan que han sido objeto de actos violentos y extorsiones durante numerosos operativos realizados para desalojarlos.
La coordinadora del movimiento, Clara Sánchez, afirmó que los funcionarios se justifican bajo el argumento del plan de reacondicionamiento urbano, que busca liberar espacios como ciclovías y calles, además de reforzar la seguridad en el área. De acuerdo con información del Ayuntamiento de Toluca, los operativos son ejecutados en conjunto con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y tienen como objetivo erradicar el comercio informal que está prohibido por el Bando Municipal.
Sin embargo, los comerciantes afirman tener permisos válidos emitidos por el mismo ayuntamiento, además de un amparo federal vigente desde marzo de 2025 que impide su desalojo. Cualquier acción que desconozca este recurso legal, advierten, sería un desacato por parte de las autoridades del Ayuntamiento.
Entre las agresiones denunciadas se encuentran decomisos injustificados de mercancía, violencia verbal y física, amenazas y extorsión. Los afectados exigen que se respete su derecho al trabajo, amparado en el artículo 68 del bando municipal. Incluso, ya han iniciado procedimientos legales a través de un representante jurídico para interponer una denuncia formal por el incumplimiento del amparo.
El movimiento defiende que su actividad laboral es legítima y solicita la suspensión de dichos operativos en su contra y la violencia que sufren constantemente, resaltando que la gran mayoría depende de este trabajo para mantener a sus familias. Asimismo, solicitan el reconocimiento oficial de su condición legal como trabajadores amparados por la ley.
