El Congreso del Estado de México aprobó reformas para incorporar la figura del Patrimonio Natural y Biocultural al marco jurídico estatal, con el objetivo de regular el equilibrio ecológico, proteger los ecosistemas, paisajes, especies, saberes tradicionales y prácticas culturales, y promover el desarrollo sostenible.

Estas modificaciones, impulsadas por la diputada Susana Estrada (Morena) y el Grupo Parlamentario del PVEM, también establecen sanciones para quienes dañen o se aprovechen ilegalmente de este patrimonio.

La nueva figura legal, integrada en el Código para la Biodiversidad y la Ley Orgánica de la Administración Pública estatales, define el Patrimonio Natural y Biocultural como el conjunto de áreas naturales con valor ambiental, cultural y paisajístico, incluyendo ecosistemas, formaciones geológicas, yacimientos paleontológicos, paisajes que reflejan la historia de las comunidades, asentamientos humanos representativos y expresiones culturales ligadas a la conservación de la naturaleza. Estas áreas serán protegidas para preservar el hábitat de la flora y fauna mexiquense, garantizando su uso sostenible y la justicia ambiental para las generaciones futuras.

Las reformas buscan ampliar el catálogo de espacios naturales protegidos, fortalecer su conservación y restauración, y fomentar la gestión comunitaria del patrimonio, con la participación de las secretarías del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Cultura y Turismo, así como de los ayuntamientos. Además, se promoverá la transmisión intergeneracional de los saberes asociados a la conservación.

El dictamen destaca que las sanciones por alteración, destrucción o aprovechamiento ilegal del patrimonio incluyen multas, clausuras, arresto administrativo, incautación de recursos, suspensión de permisos y la obligación de reparar el daño ambiental. Asimismo, se creará un Catálogo Estatal del Patrimonio Natural y Biocultural, en el que la Secretaría de Cultura y Turismo colaborará con las autoridades ambientales y municipales.

La diputada Susana Estrada subrayó que la reforma garantiza agua limpia, aire puro y equidad intergeneracional, mientras que el diputado Héctor Raúl García (PVEM) resaltó que el decreto reconoce el esfuerzo de las comunidades originarias por preservar la riqueza natural y cultural del estado, reflejando el compromiso de la LXII Legislatura con las demandas ciudadanas.