La LXII Legislatura del Estado de México aprobó, por mayoría de votos, la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), con el objetivo de promover la simplificación administrativa, reducir el gasto público, evitar duplicidad de funciones y fortalecer el acceso a la información y la rendición de cuentas.

La reforma, que modifica la Constitución Política estatal, transfiere las funciones del Infoem a las autoridades de control interno y vigilancia existentes, en línea con los principios de austeridad republicana y eficiencia administrativa establecidos en la legislación federal y estatal.

El dictamen, que integra iniciativas del diputado Gerardo Pliego Santana, la diputada Elena García Martínez (ambos de Morena) y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, afirma que presuntamente la extinción del Infoem no limitará los derechos de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales. Según lo planteado, se busca optimizar recursos públicos al eliminar estructuras burocráticas costosas, mejorar la coordinación en políticas de transparencia y garantizar el cumplimiento de estos derechos a través de los órganos de control interno de los sujetos obligados.

Desde la bancada de Morena, el diputado Gerardo Pliego destacó que la medida pone fin al uso del Infoem como un instrumento político, permitiendo destinar los recursos ahorrados a necesidades prioritarias de la población. La diputada María José Pérez Domínguez señaló que la extinción refleja el reconocimiento de un modelo institucional ineficaz y costoso, abogando por un sistema que priorice resultados y transparencia efectiva. Por su parte, el diputado Octavio Martínez Vargas llamó a la legislatura a participar en la discusión de las leyes secundarias dentro de los plazos establecidos.

En contraste, legisladores de oposición expresaron su rechazo. Las diputadas Rocío Alexia Dávila Sánchez (PAN) y Ruth Salinas Reyes (MC) argumentaron que la desaparición del Infoem debilita los contrapesos institucionales y elimina una herramienta clave para la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y protección de datos. El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) señaló que la reforma responde a una directriz federal para consolidar el poder del gobierno en turno, mientras que Omar Ortega Álvarez (PRD) advirtió sobre el riesgo de desmantelar instituciones democráticas que garantizan derechos ciudadanos.

El decreto establece que los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, bajo principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

Las leyes estatales definirán las bases, principios y procedimientos para el ejercicio de estos derechos, así como las competencias de las autoridades de control interno y vigilancia. Además, se crearán mecanismos expeditos de acceso a la información y revisión de actos emitidos por los sujetos obligados, conforme a la legislación aplicable.

Los municipios deberán transparentar sus acciones con información oportuna, clara, veraz y accesible, mientras que los datos personales estarán protegidos según las leyes correspondientes. Los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas bajo principios de racionalidad y austeridad, eliminando duplicidades funcionales. Asimismo, el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios contará con un Comité Coordinador integrado por titulares de diversas instituciones, incluyendo la Secretaría de la Contraloría, el Órgano Superior de Fiscalización y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, entre otros.

En los artículos transitorios, se establece un plazo de 90 días naturales tras la entrada en vigor del decreto para aprobar las leyes secundarias. Una vez vigentes, el Infoem quedará extinto, pero los actos jurídicos emitidos previamente mantendrán su validez.

Los recursos humanos, materiales y financieros del Infoem se transferirán a las instancias que asuman sus funciones, respetando los derechos laborales de los trabajadores. Los convenios y contratos vigentes obligarán a las nuevas instituciones responsables, con posibilidad de ratificación, modificación o rescisión posterior.