En una decisión que está generando un debate, las comisiones legislativas del Congreso del Estado de México aprobaron la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Infoem), un organismo autónomo que, desde su creación, ha sido pilar en la promoción de la rendición de cuentas en la entidad.

La propuesta, respaldada por las bancadas de Morena y el PVEM, argumenta una supuesta «armonización» con el marco legal federal, mientras que los partidos opositores —PRI, PAN y MC— advierten que se trata de un retroceso significativo en materia de transparencia.

El dictamen, aprobado en las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, fusiona tres iniciativas presentadas por el diputado Gerardo Pliego Santana, la legisladora Elena García Martínez (ambos de Morena) y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Estas propuestas buscan derogar diversos artículos de la Constitución local para desmantelar el Infoem y transferir sus funciones a autoridades de control interno y vigilancia, una medida que, según sus defensores, optimizará recursos y eliminará «estructuras inoperantes».

Sin embargo, la narrativa oficial choca con las críticas de la oposición, que califican la reforma como una «simplificación orgánica frívola» y una decisión eminentemente política.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) señaló que la desaparición del Infoem debilita los mecanismos de acceso a la información pública, mientras que las legisladoras Krishna Karina Romero Velázquez (PAN) y Ruth Salinas Reyes (MC) coincidieron en que la medida erosiona la autonomía de un organismo clave para la fiscalización del poder.

La falta de un debate profundo que involucre a todos los sectores involucrados, y la premura en la aprobación del dictamen refuerzan las sospechas de que la extinción del Infoem responde más a intereses políticos que a una verdadera necesidad administrativa.

Los legisladores de Morena y PVEM, como Octavio Vargas Martínez e Itzel Guadalupe Pérez Correa, insisten en que los derechos de acceso a la información y protección de datos personales permanecerán intactos. Según el dictamen, los sujetos obligados —gobiernos, municipios y organismos públicos— seguirán respetando principios de legalidad, imparcialidad y máxima publicidad. Además, se promete que las leyes secundarias, que deberán elaborarse en un plazo de 90 días tras la entrada en vigor del decreto, establecerán procedimientos claros y expeditos para garantizar estos derechos.

No obstante, la vaguedad en torno a las «autoridades de control interno y vigilancia» que asumirán las funciones del Infoem genera incertidumbre. ¿Quiénes serán estas instancias? ¿Contarán con la independencia y los recursos necesarios para cumplir con las responsabilidades que antes recaían en un organismo autónomo?.