En el Congreso del Estado de México, legisladores de las bancadas de Morena, PVEM, PT y PAN respaldaron iniciativas presentadas por la diputada Zaira Cedillo Silva (Morena) y el Grupo Parlamentario del PVEM para clasificar el robo de agua potable, conocido como “huachicoleo” del agua, como un delito grave.
Las propuestas buscan que este delito se persiga de oficio, sin necesidad de denuncia previa, y que se castigue con penas severas para combatir la impunidad.
Las iniciativas, discutidas en una reunión de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura mexiquense, destacan que el 40% del agua potable en el estado es robada mediante tomas clandestinas, desvíos o pozos irregulares.
La diputada Cedillo señaló que entre 2023 y 2024 se presentaron solo 37 denuncias por este delito, ninguna judicializada, lo que evidencia la necesidad de reformas legales. Su propuesta plantea sanciones de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 2.8 millones de pesos por extracción, apropiación o suministro ilegal de agua, además de considerar este delito como un daño a la nación.
Por su parte, la bancada del PVEM propuso que la extracción ilegal de agua con fines de lucro sea tipificada como delito grave, con prisión preventiva oficiosa para garantizar la presencia de los responsables durante las investigaciones. Ambas iniciativas serán enriquecidas con aportaciones del gobierno estatal, municipios y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, especialmente en lo relacionado con penas, protección del recurso hídrico y la gestión de fuentes de suministro como manantiales y áreas naturales.
Legisladores como Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) subrayaron la importancia de considerar las realidades de los municipios, donde persisten problemas de acceso al agua en zonas marginadas y hospitales, además de señalar el desperdicio por parte de empresas.
Por Morena, legisladores como Gerardo Pliego Santana y Sandra Patricia Santos Rodríguez destacaron que las reformas ayudarán a combatir la impunidad, mientras que Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) abogó por un modelo de gestión del agua más transparente, citando ejemplos de reformas similares en Nuevo León, Jalisco, Sonora y la Ciudad de México.
Las propuestas buscan reformar el Código Penal estatal para garantizar sanciones efectivas y proteger un recurso vital en el Estado de México, donde se pierden cuatro litros de agua por segundo debido al robo.
