Las comisiones unidas del Congreso del Estado de México aprobaron por unanimidad una iniciativa que propone endurecer las sanciones por violencia sexual cometida mediante tecnologías de la información y la comunicación, con penas de hasta 16 años de prisión y multas de hasta 90 mil 515 pesos (800 UMA) cuando las víctimas sean menores de edad.

La propuesta, impulsada por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (Morena), también busca reforzar las atribuciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal para garantizar una atención integral a las víctimas.

La iniciativa, avalada en las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, y de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia de la LXII Legislatura, plantea penas de hasta ocho años de prisión y multas de 45 mil 256 pesos (400 UMA) para quienes utilicen medios electrónicos, escritos o de mensajería para concertar encuentros o acercamientos físicos con fines sexuales o para obtener material audiovisual explícito.

Estas sanciones se duplicarían si las víctimas son menores de edad, personas con dificultades para comprender los hechos o quienes requieren apoyos extraordinarios, independientemente de si hubo coacción, intimidación, hostigamiento, amenazas o engaños.

La propuesta reforma el Código Penal, la Ley de Víctimas, el Código Administrativo y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, priorizando el principio del interés superior de la niñez. Además, otorga a la Procuraduría de Protección un rol clave en la valoración del perdón legal en casos que involucren a menores y establece medidas para su protección inmediata en coordinación con autoridades judiciales, de salud y de procuración de justicia, con un enfoque que evita la revictimización.

El diputado Martínez Zurita destacó que la iniciativa pone en el centro los derechos de niñas y niños, buscando combatir la violencia, la desigualdad y la impunidad. Agradeció la colaboración de Valeria González Ruiz, coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute, así como de la sociedad civil, asociaciones y las bancadas de Morena, PT y PAN, que respaldaron la propuesta.

Las legisladoras María del Carmen de la Rosa Mendoza (Morena), Ana Yurixi Leyva Pinón (PT) y Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) coincidieron en que estas medidas fortalecen la protección de los derechos humanos de menores y grupos vulnerables.

La iniciativa también propone que las instituciones de salud brinden atención prioritaria e inmediata a víctimas menores de edad, con la obligación de notificar a la Procuraduría de Protección y al Ministerio Público para activar medidas urgentes. Asimismo, se refuerza la atención psicosocial, jurídica y médica para garantizar la restitución integral de derechos y la reparación del daño, promoviendo una sociedad más justa y segura. La propuesta aún debe ser aprobada en el Pleno del Congreso para convertirse en ley.