El Congreso del Estado de México trabaja en la revisión de tres iniciativas y un punto de acuerdo para fortalecer el marco legal contra el despojo de inmuebles, un delito en aumento que ha generado preocupación en la entidad. Las propuestas, impulsadas por los grupos parlamentarios de Morena, Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), buscan agravar las penas, mejorar la atención a víctimas y establecer estrategias interinstitucionales para prevenir y sancionar este ilícito.

El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena, destacó la urgencia de proteger el patrimonio de la ciudadanía. Recordó que el despojo está tipificado en el Código Penal mexiquense, con penas de uno a cinco años de prisión y multas de 30 a 125 días, pero subrayó la necesidad de actualizar el marco legal ante el incremento de casos. Vázquez también enfatizó la importancia de que la ciudadanía mantenga en regla la documentación de sus propiedades para facilitar las denuncias.

Entre las iniciativas, el diputado Octavio Martínez Vargas (Morena) propone clasificar el despojo como delito grave, con penas de cinco a diez años de prisión en casos que involucren a personas adultas mayores, violencia física, rompimiento de cerraduras, intimidación, engaño, abuso de confianza o uso ilegítimo de la fuerza pública. Además, plantea agilizar los procesos judiciales para restituir la posesión a quienes acrediten la propiedad del inmueble.

Por su parte, el legislador José Miguel Gutiérrez Morales (Morena) sugiere sanciones de hasta 17 años de prisión y multas de hasta 678,840 pesos para quienes dirijan o sean autores intelectuales de invasiones. Su iniciativa amplía los supuestos del delito, incluyendo el uso indebido de aguas y actos que lesionen derechos legítimos sobre recursos hídricos.

La diputada Ruth Salinas Reyes (MC) propone penas de hasta 25 años de prisión y 500 días de multa, con agravantes cuando el despojo afecte a viviendas o predios agrícolas ocupados por personas adultas mayores, mujeres, indígenas o en situación de vulnerabilidad. También plantea sanciones para servidores públicos que participen o instiguen estos actos y para casos que involucren áreas naturales protegidas.

En cuanto al punto de acuerdo, la diputada Lilia Urbina Salazar (PRI) exhorta a la Secretaría de Seguridad estatal a implementar una estrategia interinstitucional con los gobiernos federal y municipales, la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial. La propuesta incluye campañas informativas, asesoría jurídica, operativos de vigilancia, capacitación policial y la creación de una unidad especializada en la Fiscalía para atender denuncias de manera inmediata y profesional.

Las iniciativas podrían discutirse en un periodo extraordinario, dado el consenso entre los grupos parlamentarios sobre la prioridad de este tema. El Congreso mexiquense busca así responder a la creciente problemática del despojo, fortaleciendo la protección de los derechos patrimoniales de la población.