En el marco de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura del Estado de México, congresistas de diversas bancadas expresaron su apoyo a tres iniciativas que buscan tipificar el despojo como delito grave y establecer agravantes en el Código Penal estatal.
Las propuestas, presentadas por los legisladores Octavio Martínez Vargas (Morena), José Miguel Gutiérrez Morales (Morena) y la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), fueron respaldadas por representantes de Morena, PVEM, PT, PAN y MC, quienes coincidieron en la urgencia de fortalecer el marco jurídico para proteger el patrimonio de la población.

Durante la reunión, se destacó que el despojo es uno de los delitos más denunciados en la entidad, con un promedio de 14 casos diarios, según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Los legisladores reconocieron una deuda histórica con la ciudadanía en materia de seguridad jurídica y protección de bienes patrimoniales, subrayando que la impunidad en este delito refleja debilidades en el estado de derecho.

La iniciativa del diputado Octavio Martínez propone penas de hasta 10 años de prisión, con agravantes cuando el despojo se cometa contra personas adultas mayores, con violencia física, intimidación, uso de documentos apócrifos, forzamiento de cerraduras o en ausencia de la familia. Además, plantea que el Ministerio Público solicite la restitución del inmueble al propietario registrado en el Registro Público de la Propiedad dentro de un plazo de 48 horas.

Por su parte, la propuesta del legislador José Miguel Gutiérrez busca sanciones de hasta 17 años de cárcel, incluyendo a quienes dirijan invasiones o sean autores intelectuales, independientemente de si la posesión del bien está en disputa. La bancada de MC, en tanto, establece penas de hasta 25 años de prisión cuando el despojo afecte inmuebles destinados a vivienda o explotación agrícola, especialmente si las víctimas son personas adultas mayores, mujeres, indígenas o en situación de vulnerabilidad.

La diputada Selina Trujillo (Morena) señaló que las penas actuales son insuficientes en comparación con otras entidades, como la Ciudad de México (10 años), Veracruz y Puebla (10 a 15 años) o Nuevo León (7 años). Por su parte, Miriam Silva (PVEM) enfatizó que la falta de un marco jurídico robusto fomenta la impunidad, mientras que Ana Yurixi Leyva (PT) calificó el despojo como una agresión directa que daña el tejido social y genera desconfianza.

La presidenta de la comisión, Emma Álvarez (PAN), destacó la necesidad de tipificar con precisión las conductas para garantizar justicia, subrayando que “el patrimonio de las familias se defiende y no se negocia”. Ruth Salinas (MC) instó a las bancadas a acordar un rango de sanciones y agilizar la dictaminación de las iniciativas para brindar certeza jurídica a las víctimas.

Los legisladores coincidieron en la importancia de encontrar puntos en común entre las tres propuestas para elaborar un dictamen unificado que responda a las demandas ciudadanas.