La legisladora mexiquense Gloria Vanessa Linares Zetina, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha anunciado que promoverá un exhorto dirigido al Congreso de la Unión para replicar a nivel federal un paquete de reformas conocido como ‘Ley FALG’. Este conjunto de medidas, impulsado junto a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y aprobado por el Congreso local, busca endurecer las sanciones contra la tala ilegal, estableciendo penas de hasta 110 años de prisión para quienes incurran en este delito. La iniciativa lleva el nombre de ‘Félix Alberto Linares González’ en homenaje a un legado que la parlamentaria no ha detallado públicamente, pero que parece resonar como un símbolo de la lucha ambiental en la región.

El anuncio se realizó en el marco del foro de consulta “Contra la tala ilegal de árboles y por una agenda para el desarrollo agropecuario y forestal del Estado de México”, celebrado en el municipio de Ocuilan. Durante el evento, Linares Zetina, quien preside la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la LXII Legislatura mexiquense, destacó la urgencia de dotar a los municipios de herramientas jurídicas que les permitan realizar detenciones en flagrancia de los responsables de la tala clandestina. Asimismo, propuso destinar mayores recursos económicos a las localidades con vocación forestal, especialmente a los 25 municipios identificados como focos rojos en este problema ambiental.

La tala ilegal ha alcanzado niveles críticos en el Estado de México, particularmente en zonas como San Juan Atzingo, en Ocuilan. Lucero González García, coordinadora del proyecto ‘Bosque de Agua’, alertó que la deforestación industrial en esta área se ha agravado, exigiendo una respuesta coordinada de los tres niveles de gobierno. Por su parte, Jonathan Jesús Sánchez Bahena, delegado regional forestal de la Secretaría del Campo, señaló que Ocuilan lidera las estadísticas estatales de incendios durante la temporada de estiaje, con un promedio de mil 112 hectáreas afectadas anualmente. La cercanía entre parcelas agrícolas y áreas forestales, explicó, facilita la propagación del fuego y agrava la pérdida de bosques.

Carlos Mallén Rivera, presidente de la Academia de Ciencias Forestales, también participó en el foro, subrayando la crisis que enfrentan los bosques mexicanos. En su intervención, abogó por estrategias de política pública que fortalezcan la gobernanza forestal y combatan de manera efectiva la tala ilegal, un delito que no solo amenaza la biodiversidad, sino también el sustento de comunidades que dependen de estos ecosistemas.

La legisladora Linares Zetina destacó la importancia de los cuatro foros regionales realizados hasta ahora, cuyos aportes han enriquecido las propuestas legislativas que se impulsarán desde el Congreso mexiquense. El ciclo de consultas culminará el próximo 8 de mayo en Toluca, con un evento que contará con la participación de representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esta colaboración internacional podría marcar un hito en la consolidación de políticas forestales más robustas y sostenibles en el estado y, potencialmente, en todo el país.

La ‘Ley FALG’ no solo representa un avance significativo en el ámbito local, sino que también busca sentar un precedente a nivel nacional. El exhorto al Congreso de la Unión refleja la ambición de Linares Zetina y sus aliados de escalar las sanciones contra la tala clandestina, un delito que, pese a su impacto devastador, sigue siendo subestimado en muchas regiones de México. Con penas de hasta 110 años de prisión, las reformas aprobadas en el Estado de México se posicionan entre las más severas de su tipo, enviando un mensaje claro: la protección de los bosques es una prioridad impostergable.