Secretario de Movilidad del Estado de México confirma destitución de 5 funcionarios

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La Secretaría de Movilidad (SEMOV) del Estado de México anunció la destitución de cinco de sus funcionarios. Esta acción, impulsada por el secretario Daniel Sibaja González, responde a denuncias de presunta corrupción y mala gestión dentro de la institución, marcando un hito en la administración de la gobernadora Delfina Gómez.

La decisión de separar de sus cargos a estos funcionarios no fue tomada a la ligera. La SEMOV ha estado bajo el escrutinio público desde hace meses, especialmente después de que transportistas y ciudadanos denunciaran irregularidades en la gestión del transporte público y en la aplicación de multas. Las quejas incluían acusaciones de extorsión, falta de transparencia en el manejo de concesiones y una aparente ineficiencia en el sistema de movilidad del estado.

Según se ha informado en declaraciones oficiales, el secretario Sibaja González, con el respaldo de la gobernadora Gómez, tomó medidas drásticas al ordenar la separación inmediata de los funcionarios involucrados. Este acto responde a una política de «cero tolerancia a la corrupción» que ha caracterizado la administración actual. Las investigaciones están en curso para determinar la magnitud de las irregularidades y si habrá responsabilidades penales derivadas de estas acciones.

La comunidad transportista, que ha sido una de las voces más críticas, ha visto en esta destitución una señal de esperanza. Transportistas han expresado en redes sociales su satisfacción con la decisión, esperando que esta sea la puerta hacia una reforma más profunda dentro de la SEMOV. Por su parte, usuarios del transporte público y ciudadanos en general han mostrado un apoyo cauteloso, exigiendo que estas acciones se traduzcan en mejoras tangibles en la movilidad y en la calidad del servicio.

La destitución de estos funcionarios es solo el primer paso en una serie de reformas que la SEMOV planea implementar. Se espera la introducción de nuevas tecnologías para la gestión de concesiones, una mayor transparencia en las operaciones y una reestructuración de cómo se manejan las multas y sanciones. Además, se ha prometido una mayor apertura al diálogo con los transportistas y usuarios para co-diseñar soluciones que beneficien a todos los involucrados.


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