La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó este lunes una reforma al artículo 49 de su Ley Orgánica, eliminando la criminalización de la protesta estudiantil, una medida que sigue los pasos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), que recientemente adoptó una disposición similar.
Esta decisión, tomada por el Consejo Universitario de la UNAM, responde a una demanda histórica del sector estudiantil y se enmarca en un esfuerzo por garantizar el derecho a la libre expresión y manifestación en el ámbito universitario, manteniendo el equilibrio con el respeto a los derechos de la comunidad.
El Consejo Universitario de la UNAM, en su sesión del 19 de agosto de 2025, acordó modificar el artículo 49 de la Ley Orgánica, eliminando las disposiciones que permitían sancionar administrativamente a estudiantes por participar en protestas que pudieran interpretarse como perturbadoras del orden institucional.
Según el boletín oficial de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, esta reforma busca proteger el derecho a la libre manifestación, siempre que esta se realice de manera pacífica y sin afectar los derechos de terceros ni las actividades sustantivas de la universidad (Boletín UNAM-DGCS-575, Ciudad Universitaria, 19 de agosto de 2025).
La modificación establece que las protestas estudiantiles no serán consideradas faltas administrativas, siempre que se desarrollen dentro de un marco de respeto a la normatividad universitaria y no impliquen violencia, daños a la infraestructura o interrupciones graves a las funciones académicas.
Además, se fortalecen los mecanismos de diálogo institucional para atender las demandas estudiantiles, promoviendo la resolución de conflictos mediante la mediación y la concertación.
Cambios en la UAEMéx
Cabe recordar, la UAEMéx recién aprobó una reforma similar en su normatividad, tras un proceso de consulta que incluyó a la comunidad estudiantil, académica y administrativa.
Esta reforma, cuya iniciativa surgió de la movilización estudiantil organizada, logró que se modificara el Reglamento de Conducta Estudiantil, eliminando las cláusulas que calificaban las protestas como infracciones sancionables, siempre que estas se realicen de forma pacífica y respetuosa.
El proceso de consulta, iniciado en abril de 2025, respondió a la demanda estudiantil que exigía garantizar el derecho a la manifestación sin temor a represalias administrativas.
