La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) presentó una ruta de formalización productiva con el objetivo de atender el crecimiento de la informalidad laboral y económica en el país. La propuesta se dio a conocer durante su conferencia de prensa semanal, con base en un diagnóstico elaborado a partir de cifras oficiales y una agenda de acciones enfocadas en el territorio.

Diagnóstico sobre la informalidad en México

De acuerdo con datos expuestos por la Confederación, al tercer trimestre de 2025 México registró 59.5 millones de personas ocupadas. De ese total, 55.4% se encontraba en la informalidad y 44.6% en la formalidad.

El análisis también señala que existen 6.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales representan 99.8% de las unidades económicas del país. Sin embargo, 67% de ellas opera de manera informal, situación que se concentra principalmente en la microempresa, que representa 94.3% de las MiPyMEs y donde tres de cada cuatro permanecen fuera del marco formal.

En términos macroeconómicos, la economía informal aporta 25.4% del Producto Interno Bruto, lo que equivale a más de seis billones de pesos. Para la Confederación, esta cifra refleja la magnitud del fenómeno y sus implicaciones sociales, al estar vinculada con la falta de seguridad social, derechos laborales y certidumbre para las familias.

Señales de presión sobre el empleo formal

CONCANACO SERVYTUR destacó que durante el periodo 2024–2025 se observó una reducción de 43,578 registros patronales ante el IMSS, mientras que se incrementaron en 900 mil las altas como personas físicas con actividad empresarial ante el SAT. Esta tendencia, señaló, muestra que la actividad económica continúa, pero con una mayor inclinación hacia esquemas fuera del empleo formal.

La Confederación advirtió que formalizar un negocio implica costos iniciales relevantes. De acuerdo con su análisis, abrir un negocio puede requerir alrededor de 28 mil pesos solo en trámites, además de gastos permanentes que afectan especialmente a las micro y pequeñas empresas si no existen incentivos ni procesos simplificados.

En este contexto, se subrayó que la informalidad no debe entenderse como un problema individual, sino como el resultado de barreras estructurales que dificultan la permanencia en la formalidad.

Seis ejes de la ruta de formalización

La agenda presentada por CONCANACO SERVYTUR se articula en seis frentes de acción:

• Formalización fácil, mediante simplificación regulatoria y acompañamiento con enfoque territorial.
• Productividad y digitalización, a través de capacitación aplicada y una red nacional de mentorías.
• Financiamiento e inclusión, con acceso a crédito y uso de pagos digitales para negocios familiares.
• Legalidad y competencia pareja, incluyendo una mesa tripartita con la STPS e incentivos a la contratación formal.
• Territorio y articulación, con coordinación entre cámaras y autoridades locales, municipio por municipio.
• Seguridad y paz, con acciones de prevención de extorsión, un observatorio de incidencias y promoción de la cultura de paz.

Respaldo desde el ámbito local

Fernando Reyes Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca, informó que CANACO Valle de Toluca se suma a esta ruta nacional, al considerar que la formalización requiere condiciones reales para las micro y pequeñas empresas desde el territorio.

Indicó que las cámaras empresariales, por su cercanía con los negocios locales, juegan un papel clave en la implementación de la agenda, al acompañar el proceso de formalización negocio por negocio y municipio por municipio.

Vinculación con la agenda nacional

CONCANACO SERVYTUR señaló que esta ruta se alinea con el objetivo de llevar la prosperidad al territorio y de traducir el Plan México en resultados medibles. Asimismo, informó que la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares (ANEF) será el espacio para avanzar del diagnóstico a la implementación de las acciones propuestas.

La Confederación concluyó que la formalidad debe entenderse como un medio para garantizar protección social, acceso a financiamiento y competencia justa, y no como un privilegio limitado a unos cuantos sectores.