El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, realizó un depósito de 25 millones de dólares como fianza para evitar una orden de detención en su contra en Estados Unidos.
La medida responde a un litigio iniciado por AT&T, que en 2020 demandó a Grupo Salinas por omisiones fiscales relacionadas con la compra de Iusacell en 2014. Según la empresa estadounidense, al momento de la adquisición existían deudas fiscales no reveladas que generaron pérdidas significativas.
En junio de 2025, la jueza Andrea Masley, de la Corte Suprema de Nueva York, ordenó el pago de 20 millones de dólares y advirtió que, en caso de incumplimiento, Salinas Pliego podría ser arrestado e incluso enviado a Rikers Island.
El depósito —mayor al monto exigido— suspende temporalmente la orden de arresto mientras el empresario prepara una apelación. El proceso podría extenderse meses o años, y la fianza se mantendrá como garantía hasta que se dicte sentencia definitiva.
El caso ocurre en un contexto en el que Salinas Pliego enfrenta también auditorías fiscales en México, lo que ha mantenido en el foco público las finanzas y operaciones de Grupo Salinas.
