Este 25 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció sanciones administrativas y civiles contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Estas medidas, las primeras bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, acusan a las entidades de facilitar el lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides, particularmente fentanilo, y de desempeñar un papel clave en operaciones financieras a favor de cárteles mexicanos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, junto con las instituciones señaladas, han respondido con cuestionamientos sobre la falta de pruebas concretas, mientras el caso ha generado un impacto significativo en la percepción del sistema financiero mexicano. A continuación, los detalles de las acusaciones, las respuestas oficiales y el contexto de las instituciones involucradas, destacando la gravedad de la situación y sus posibles implicaciones.

Acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que CIBanco, Intercam y Vector han participado en esquemas de lavado de dinero que han beneficiado a cárteles como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva.

Según las autoridades estadounidenses, estas instituciones han facilitado transferencias millonarias para la adquisición de precursores químicos provenientes de China, utilizados en la producción de fentanilo, un opioide sintético relacionado con miles de muertes en Estados Unidos. Las sanciones prohíben a instituciones financieras estadounidenses realizar transferencias de fondos hacia o desde estas tres entidades, así como operar cuentas o direcciones de criptomonedas asociadas, medidas que entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.

Detalles Específicos de las Acusaciones

CIBanco: Se le acusa de haber procesado más de 2.1 millones de dólares entre 2021 y 2024 en pagos de empresas mexicanas a compañías chinas proveedoras de precursores químicos para fines ilícitos. Además, en 2023, un empleado de CIBanco habría facilitado la apertura de una cuenta para lavar 10 millones de dólares a nombre de un miembro del Cártel del Golfo.

Intercam Banco: FinCEN señaló que, a finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias desde China. Entre 2021 y 2024, Intercam habría procesado más de 1.5 millones de dólares en transferencias a una empresa china asociada con el envío de precursores químicos.

Vector Casa de Bolsa: Se le atribuye haber facilitado el lavado de 2 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa entre 2013 y 2021, así como pagos por más de un millón de dólares entre 2018 y 2023 a empresas chinas vinculadas con el envío de químicos ilícitos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó a estas instituciones como “engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, subrayando que sus acciones han contribuido al “envenenamiento de innumerables estadounidenses” al mover dinero en nombre de los cárteles.

Respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

La SHCP, encabezada por Édgar Abraham Amador Zamora, respondió de inmediato a las acusaciones, destacando que el Departamento del Tesoro notificó previamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la SHCP sobre las presuntas irregularidades. Sin embargo, la dependencia mexicana enfatizó que no se han recibido pruebas concretas que vinculen a CIBanco, Intercam o Vector con actividades ilícitas.

La única información verificable proporcionada por Estados Unidos se refiere a transferencias electrónicas a empresas chinas legalmente constituidas, operaciones que, según Hacienda, son rutinarias en el contexto del comercio bilateral México-China, valuado en 139 mil millones de dólares anuales.

La SHCP señaló que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) realizó un proceso de revisión a las tres instituciones, encontrando únicamente irregularidades administrativas que ya fueron sancionadas con multas y otras medidas correctivas por un total de 134 millones de pesos. “Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, afirmó la dependencia en un comunicado.

Hacienda también destacó que mantiene una relación de cooperación con Estados Unidos basada en el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la colaboración sin subordinación, pero insistió en la necesidad de pruebas verificables para sustentar las acusaciones.

Respuestas de las Instituciones Financieras

Las tres instituciones señaladas han rechazado categóricamente las acusaciones del Departamento del Tesoro, defendiendo su cumplimiento normativo y su compromiso con la legalidad.

• CIBanco: En un comunicado, CIBanco afirmó que opera bajo estricta supervisión de la SHCP, el Banco de México, la CNBV y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). La institución, con más de 40 años de trayectoria, aseguró que no mantiene relación con actividades ilícitas y que las revisiones de las autoridades mexicanas no han identificado elementos que comprometan su operación. CIBanco subrayó que los recursos de sus clientes están protegidos y que sus operaciones continúan con normalidad, manteniendo comunicación con autoridades de ambos países.
• Intercam Banco: Intercam negó cualquier vínculo con prácticas ilícitas, particularmente lavado de dinero, y reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad. La institución destacó que mantiene un diálogo constante con la SHCP, el Banco de México y la CNBV, y aseguró que sus operaciones y servicios se desarrollan con normalidad, garantizando la confianza de sus clientes.
• Vector Casa de Bolsa: Vector, fundada por el empresario Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, emitió un comunicado rechazando las acusaciones y asegurando que las operaciones señaladas corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas. Con más de 50 años de trayectoria, Vector afirmó operar bajo los más altos estándares de cumplimiento y expresó su disposición a colaborar con autoridades mexicanas y estadounidenses.

Las respuestas de las instituciones buscan tranquilizar a sus clientes y al público, enfatizando que las inversiones están respaldadas y que no hay evidencia de actividades delictivas. Sin embargo, las sanciones estadounidenses podrían generar un impacto reputacional significativo, con el riesgo de retiros masivos de fondos que podrían desestabilizar a estas entidades y, potencialmente, al sistema financiero mexicano en su conjunto.

Contexto de las Instituciones y sus Dueños

CIBanco

CIBanco, originalmente fundado en 1983 como Consultoría Internacional (una casa de cambio corporativa), obtuvo autorización para operar como banco en 2008. Al cierre de 2024, contaba con más de 170 sucursales en México y se posiciona entre los diez principales bancos del país en servicios fiduciarios y financiamiento automotriz. Su presidente del Consejo de Administración es Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel, y su director general es Mario Alberto Maciel Castro. La sociedad Tenedora CI posee el 99.99% del capital social de The Bank of New York Mellon México, lo que le otorga acceso al sistema de pagos de Estados Unidos a través de una cuenta en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Intercam Banco

Intercam, fundado en 1996 como evolución de Intercam Casa de Cambio, opera más de 60 sucursales y atiende a más de 100,000 clientes. El accionista mayoritario es Banco Mercantil, S.A. (Grupo Financiero Banorte), con un 54.82% del capital a través de un fideicomiso. Su director general y miembro del Consejo de Administración es Eduardo García Lecuona, quien fundó el grupo financiero. Otros miembros del consejo incluyen a Luis Esteve de Murga, Gabriel Golzarri Fragoso, Rubén de la Mora Berenguer, Ana de Murga Zunzunegui, Alberto Saba Ades, Manuel Saba Ades, Mario Espinosa Casarín, Carlos Valenzuela Dosal, Ricardo Acosta Carrete y José Luis Michel Nava.

Vector Casa de Bolsa

Vector, una de las casas de bolsa más antiguas de México, administra cerca de 11,000 millones de dólares en activos. Es propiedad de Alfonso Romo, un destacado empresario mexicano con vínculos políticos, habiendo ocupado un cargo en el gobierno de López Obrador. Vector se ha caracterizado por operar bajo estándares de cumplimiento estrictos y cuenta con una trayectoria de 50 años en el mercado financiero mexicano.

Implicaciones y Gravedad de la Situación

Las sanciones del Departamento del Tesoro representan un desafío sin precedentes para el sistema financiero mexicano. La designación de CIBanco, Intercam y Vector como “instituciones de principal preocupación en materia de lavado de dinero” no solo afecta su capacidad para operar en el sistema financiero estadounidense, sino que también pone en tela de juicio la robustez de los controles antilavado en México. La prohibición de transferencias con estas entidades, que en conjunto manejan activos por más de 22,000 millones de dólares, podría limitar su acceso a mercados internacionales y generar incertidumbre entre inversionistas y clientes.

La falta de pruebas concretas, según la SHCP, añade una capa de complejidad al caso, ya que las acusaciones estadounidenses se basan en transacciones que México considera rutinarias en el comercio bilateral con China. Esta discrepancia podría tensar las relaciones financieras entre ambos países, especialmente en un contexto donde Estados Unidos ha intensificado su retórica contra México en materia de combate al narcotráfico. La declaración de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien incluyó a México junto a China, Rusia e Irán como “adversarios” de su país, subraya la dimensión política de este conflicto.

Para los clientes de estas instituciones, el riesgo inmediato es una posible pérdida de confianza, que podría traducirse en retiros masivos de fondos y una desestabilización económica más amplia. Aunque las autoridades mexicanas y las instituciones afectadas han enfatizado la solidez de sus operaciones y la protección de los ahorros, el impacto reputacional de las sanciones es innegable.