El 12 de marzo de 2025 marcó un punto de inflexión en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y sus socios globales, incluido México, con la entrada en vigor de aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio. Esta medida, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, forma parte de una estrategia proteccionista que busca fortalecer la industria interna de Estados Unidos, pero que ha generado preocupación en países como México, uno de los principales proveedores de estos materiales en el mercado norteamericano. En respuesta, el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, ha encabezado esfuerzos diplomáticos para mitigar el impacto y revertir esta decisión, en un contexto de alta integración económica entre ambas naciones.
La medida arancelaria, anunciada formalmente el 10 de febrero de 2025 mediante órdenes ejecutivas firmadas por Trump, entró en vigor a la medianoche del 12 de marzo, sin excepciones ni exenciones para ningún país, según confirmó el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai. Este gravamen afecta a todas las importaciones de acero y aluminio, así como a productos derivados, y responde a una política de seguridad nacional que busca reducir la dependencia de EE.UU. de insumos extranjeros y combatir prácticas como el dumping, especialmente atribuidas a China. Sin embargo, países como México y Canadá, socios clave bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), también han quedado en la mira, a pesar de los argumentos de integración regional.
Para México, el impacto es significativo. En 2024, el país exportó acero a Estados Unidos por más de 6,500 millones de dólares, representando cerca del 80% de sus envíos internacionales de este material. Además, México fue el mayor exportador de derivados de aluminio a EE.UU. el año pasado. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) advirtió que estos aranceles amenazan el 75% de las exportaciones mexicanas de acero al mercado estadounidense, valuadas en aproximadamente 2,100 millones de dólares, poniendo en riesgo empleos e inversiones en la industria siderúrgica y la cadena metalmecánica de América del Norte.
Desde que se anunció la intención de imponer estos aranceles, el gobierno mexicano, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Marcelo Ebrard, ha insistido en que la medida carece de justificación económica y comercial en el caso de México. Ebrard ha destacado repetidamente que México importa más acero y aluminio de EE.UU. de lo que exporta, resultando en un déficit comercial de más de 6,800 millones de dólares en 2024 a favor de Estados Unidos. “Es injusto e ilógico imponer tarifas a un país al que le vendes más de lo que te compra”, afirmó el secretario en una conferencia matutina el 11 de febrero, calificando los aranceles como “un balazo en el pie” para ambas economías debido a su alta interdependencia.
Ebrard, acompañado del subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, viajó a Washington para reunirse con funcionarios estadounidenses, incluyendo al secretario de Comercio, Howard Lutnick, y al representante comercial Jamieson Greer. A pesar de los esfuerzos, las negociaciones no lograron evitar la entrada en vigor de los aranceles. Sin embargo, el gobierno mexicano no ha bajado la guardia. Ebrard ha subrayado que las conversaciones continuarán con miras al 2 de abril, fecha en la que EE.UU. definirá su política comercial más amplia, incluyendo posibles aranceles recíprocos a países que respondan con medidas similares.
Tras el inicio de los aranceles, Ebrard anunció el 13 de marzo, durante la conferencia matutina de Sheinbaum, que México adoptará una estrategia de “sangre fría y firmeza” para proteger sus intereses. A partir del 14 de marzo, el gobierno iniciará consultas con las industrias mexicanas afectadas, como la siderúrgica, automotriz y de electrodomésticos, para evaluar el impacto y diseñar medidas de defensa. “No tomaremos decisiones intempestivas; nuestro objetivo es lograr la mejor posición posible para México”, afirmó, enfatizando la ventaja de la integración económica con EE.UU. como carta de negociación.
A diferencia de Canadá y la Unión Europea, que han optado por anunciar aranceles espejo como represalia, México ha privilegiado el diálogo. Ebrard confía en que los datos comerciales –como el superávit de EE.UU. en el intercambio de acero y aluminio– y la interdependencia de sectores clave, como el automotriz, persuadan a la administración Trump de reconsiderar su postura. “Somos las dos economías más integradas; afectar eso perjudica a ambos”, insistió.
Los aranceles ya en vigor podrían encarecer productos en EE.UU., desde automóviles hasta electrodomésticos, afectando a consumidores y empresas que dependen de insumos mexicanos. En México, analistas como los de Banamex estiman pérdidas de hasta 18,000 millones de dólares, equivalentes al 3.7% de las exportaciones totales a EE.UU. Además, la medida podría frenar inversiones y provocar la relocalización de empresas, según advirtió Ebrard.
