Un juez de control en la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión contra José Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, y su representante legal, Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, en el marco de un prolongado litigio por los derechos de transmisión de los clubes Pachuca y León.

Origen del conflicto

El caso se remonta a mayo de 2024, cuando concluyó el contrato entre Grupo Pachuca y Grupo Lauman, propietario de Fox Sports México, para la transmisión de los partidos. Poco después, el grupo empresarial firmó un nuevo convenio con Fox Corp/Tubi, una empresa distinta, con el fin de mantener la difusión de los encuentros por plataformas digitales.

Fox Sports México interpuso una demanda por presunto incumplimiento contractual, solicitando medidas precautorias para suspender las transmisiones. Estas fueron concedidas inicialmente, pero posteriormente revocadas por un juez federal y un tribunal local, lo que permitió continuar las emisiones sin interrupciones.

Motivos de la orden judicial

La orden de aprehensión se sustenta en el presunto delito de “desobediencia de particulares agravada”, previsto en el Código Penal de la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes, el Juzgado 40 Civil notificó a los representantes de Grupo Pachuca el 3 de octubre sobre la posibilidad de enfrentar un proceso penal. Aunque este tipo de faltas no amerita prisión preventiva, los acusados no respondieron a dos citaciones posteriores, lo que llevó al Ministerio Público a solicitar las órdenes de captura.

En caso de ejecutarse, los implicados serían trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para continuar con el proceso.

Posición de Grupo Pachuca

La información disponible proviene principalmente de medios deportivos como ESPN, MedioTiempo y TUDN, que citan fuentes judiciales y documentos del proceso. Sin embargo, no se ha emitido un comunicado oficial del Poder Judicial capitalino que confirme los detalles.

Por su parte, Grupo Pachuca difundió una declaración oficial en la que calificó la resolución como “desproporcionada, excesiva y violatoria de derechos fundamentales”.

El grupo argumentó que las medidas precautorias impuestas por Fox Sports ya fueron revocadas, por lo que no existe base legal para las citaciones. Además, informaron que interpusieron un amparo federal para proteger el debido proceso y la libertad de sus directivos.

En el comunicado, acusaron al juez de actuar con “complacencia de sus superiores” y denunciaron un contexto de “intimidación ilegítima” por parte de la contraparte. “Esperamos que el Poder Judicial de la Federación rectifique y actúe conforme a derecho”, expresó la empresa, reafirmando su disposición al diálogo y su compromiso con el fútbol mexicano.