La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), de negar el registro a seis de las siete organizaciones sociales que pretendían convertirse en partidos políticos nacionales, vuelve a poner sobre la mesa de discusión si los actores políticos que las impulsan en realidad tratan de obtener un interés económico, que contribuir a la democracia.
De acuerdo con nuestra Carta Magna y las leyes electorales que nos rigen, “los partidos políticos son entidades de interés público” que tienen como finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.
Los partidos políticos nacionales tienen derechos y prerrogativas que les permiten acceder al erario para su sostenimiento y la realización de campañas electorales, así como el acceso permanente a los medios de comunicación social, para la promoción de su ideología o la figura de sus candidatas y candidatos, en la búsqueda del voto ciudadano.
De ahí el creciente interés que surge cada seis años y mueve a muchas organizaciones ciudadanas a movilizarse en al menos 20 estados del país para celebrar 200 asambleas y afiliar a 3 mil simpatizantes por entidad o 300 por distrito electoral, para obtener el anhelado registro que los pondría en condiciones de participar en la elección federal intermedia, como actualmente está ocurriendo.
Es evidente que el financiamiento público que podrían obtener las organizaciones sociales que buscan su registro, no deja de ser un poderoso incentivo toda vez que
-en caso de lograrlo- estarían recibiendo alrededor de 51 millones 600 mil pesos en 2020 y cerca de 136 millones de pesos durante el proceso electoral de 2021.
Quizá ese sea el motor que impulsa a las organizaciones ciudadanas y no tan ciudadanas, para participar en la vida democrática y competir en un espectro político que, hasta el pasado viernes, estaba dominado por siete organizaciones partidistas a las que se sumará una más, la del Partido Encuentro Solidario (PES), que ya obtuvo su registro como nuevo partido político nacional.
Un nuevo partido, no tan nuevo, que con su dirigente Hugo Eric Flores Cervantes regresa con el apoyo de las iglesias evangélicas a la arena política, la que tuvo que abandonar al no alcanzar el 3% de la votación válida emitida en la pasada elección presidencial, bajo las siglas del Partido Encuentro Social (PES), regresa con las mismas siglas: gatopardismo puro, cambiar de nombre para que nada cambie.
Pero ese fue el sentido de la decisión que tomaron los once integrantes del Consejo General del INE que le otorgó el registro y junto con ello, los derechos y prerrogativas que le consagran el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Partidos Políticos.
Una resolución que deja fuera de la jugada a otras seis organizaciones, entre ellas la de la familia Calderón Zavala, que se quedaron en el camino y que con el proceso electoral que inicia este lunes 7 de septiembre, se ve muy difícil, muy cuesta arriba que puedan participar en la elección concurrente de 2021.
Mientras tanto…
Los Magistrados y Magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TJPF), ya deben estarse preparando para recibir los recursos de impugnación que recibirán sobre la resolución del INE y sobre los criterios que sirvieron de base para negarles el registro a éstas seis organizaciones sociales.
Criterios que tienen que ver con: el otorgamiento de Dádivas; Participación de ministros de culto; la Fiscalización de las aportaciones y la Intervención gremial, léase organizaciones sindicales nacionales, tanto para la afiliación de militantes como para la organización de sus asambleas constitutivas.
Seguramente veremos dando una férrea batalla legal a organizaciones como Redes Sociales Progresistas (RSP), tan cercana a la Maestra Elba Esther Gordillo y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como en su momento lo fue Nueva Alianza que también perdió su registro al no alcanzar el 3% de la votación en la pasada elección federal, y que pretendía regresar como Grupo Social Promotor México.
Harán lo propio, sin lugar a dudas, la organización Fuerza Social por México impulsada desde la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), por su secretario general Pedro Haces Barba, quien casualmente es el suplente del senador por Morena, Germán Martínez Cázares.
Igual de activos veremos a la organización social Fundación Alternativa que impulsa en el Estado de México, el ex priista Isidro Pastor Medrano y a nivel nacional otro ex militante tricolor César Augusto Santiago, así como a Libertad y Responsabilidad Democrática más conocida como México Libre de la abogada Margarita Zavala Gómez del Campo y su inefable esposo, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, dos ex panistas que añoran el poder económico y político.
De la organización Súmate a Nosotros, que aspiraba a registrarse como partido político con el nombre de Súmate, solo podemos decir que su principal promotor es el ex presidente nacional del PAN y actual Comisionado de Protección Federal, Manuel Espino Barrientos, aunque no se descarta que impugne.
Por lo tanto…
Es de esperarse que éstas seis organizaciones sociales recurrirán al órgano jurisdiccional federal, que es la máxima autoridad en materia electoral del país, para interponer sus recursos de impugnación y argumentar lo que conforme a su derecho convenga, en el entendido de que la sentencia que dicte la Sala Superior del TEPJF será definitiva.
Deberán acatar el fallo y tener muy presente que sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos como lo establece la Constitución en su artículo 41 en el que señala que “quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”.
Visto así, el órgano jurisdiccional federal deberá fundar y motivar -con toda claridad- sus sentencias, en el ánimo de procurar que los nuevos partidos sean verdaderas entidades de interés público y no de interés económico, como lo han sido muchas organizaciones partidistas que sólo sobreviven con la figura de la coalición, como satélites de los partidos grandes, incapaces de mantener el registro por si mismas.
En este escenario, arranca el proceso electoral federal más grande y competido de los tiempos modernos, con un aire fresco que huele a democracia y donde todos los electores tenemos la enorme oportunidad de definir el rumbo que deben seguir las 32 entidades federativas y la nación misma.
