La actualización del Sistema III “Servidores públicos y particulares sancionados” y el intercambio de información estratégica forman parte de los compromisos asumidos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México, tras la firma de un convenio de colaboración orientado a prevenir la corrupción en la entidad.
El acuerdo busca consolidar mecanismos de inteligencia anticorrupción y reforzar la coordinación institucional en un estado donde el Sistema Anticorrupción involucra a 551 entes públicos obligados y 123 sistemas municipales.
Capacitación y prevención como ejes centrales
El convenio contempla el desarrollo de programas de capacitación conjunta, intercambio de información, difusión de buenas prácticas y fortalecimiento de mecanismos preventivos. La finalidad es robustecer el ejercicio ético y transparente del servicio público, así como promover la cultura de la legalidad.
Durante el acto protocolario, realizado en Toluca el 18 de febrero de 2026, el presidente de la CODHEM, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, y el secretario técnico de la SESAEMM, Víctor Romero Maldonado, coincidieron en que la coordinación interinstitucional y el uso de nuevas tecnologías son herramientas indispensables para enfrentar prácticas irregulares en la administración pública.
Corrupción y derechos humanos: un vínculo directo
El titular de la CODHEM sostuvo que la corrupción no es únicamente un problema administrativo, sino un fenómeno con implicaciones democráticas. Señaló que el desvío de recursos públicos o la toma de decisiones influida por intereses indebidos puede impactar derechos fundamentales como la salud, la educación, la seguridad y el acceso a la justicia.
Desde esta perspectiva, el combate a la corrupción se vincula directamente con la protección efectiva de los derechos humanos y con la confianza ciudadana en las instituciones.
Alcance del Sistema Anticorrupción estatal
Por su parte, el secretario técnico de la SESAEMM subrayó la importancia de fortalecer las buenas prácticas institucionales dentro del Sistema Anticorrupción del Estado de México, que atiende a una población superior a 16 millones de habitantes.
Destacó que la colaboración con la Comisión de Derechos Humanos permitirá actualizar y robustecer el Sistema III, con el objetivo de consolidar herramientas de análisis y seguimiento que contribuyan a prevenir conductas indebidas en el servicio público.
Con la firma del convenio, ambas instancias formalizaron un esquema de cooperación orientado a reforzar la integridad institucional y la transparencia en el ejercicio gubernamental en el Estado de México.
