Estado mexicano incumple su responsabilidad de garantizar seguridad a mujeres y niñas: CNDH

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Ciudad de México, 5 de octubre de 2020.- El Estado mexicano sigue sin trabajar para proteger la vida de las mujeres, desde no investigar las muertes violentas como feminicidio hasta obstaculizar la búsqueda de niñas desaparecidas, así lo evidenció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su informe alternativo respecto a las recomendaciones que hiciera en 2017, el Comité de expertas de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (CEDAW).

En este “Informe alternativo de medio término de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto a las Observaciones finales sobre el Noveno Informe Periódico de México del Comité de la CEDAW”, el organismo detalló que el Estado continúa siendo omiso en la prevención, atención y registro de los casos de violencia feminicida, pese a la presión de organismos y organizaciones.

Por tal motivo, explicó que este informe busca visibilizar algunos aspectos que el Estado debe considerar para dar cumplimiento cuanto antes a las recomendaciones, que desde hace tres años, el Comité de expertas de la CEDAW le entregó con el fin de garantizar los derechos de las mujeres.

Las recomendaciones de la CEDAW fueron homologar la tipificación del delito de feminicidio en sus distintos códigos penales estatales, armonizar los protocolos de investigación policial del feminicidio, esquematizar los procedimientos de activación para la Alerta Ámber y el Protocolo Alba, evaluar el mecanismo de Alerta de Género y acelerar la resolución sobre el caso Pilar Argüello Trujillo, mujer asesinada en 2012.

Respecto a la primera recomendación, la CNDH consideró que antes de tipificar el delito de feminicidio en todos los códigos penales se debe examinar uno por uno, ya que algunos presentan avances mientras otros regulan conductas que son difíciles de acreditar y por tanto desestiman que las muertes violentas de mujeres sean feminicidio.

Ejemplo de ello, dijo, son los estados de Puebla y Yucatán, donde es necesario comprobar que el agresor cometió el delito por “celos extremos” o porque tuviera “la pretensión infructuosa de establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima” para que el caso se considere como feminicidio.

Una vez bien definida la tipificación del feminicidio, añadió, es indispensable capacitar y sensibilizar a las autoridades en perspectiva de género y asignar un presupuesto para impulsar un registro sobre este delito porque existen aún existen entidades que registran cero casos de feminicidio.

Sobre el tema de las desapariciones de niñas y mujeres, la CNDH resaltó que el Estado no se ha preocupado por simplificar los requerimientos de activación para la Alerta Ámber y el Protocolo Alba como lo solicitó la CEDAW, además no ha impulsado la legislación necesaria ni designando recursos suficientes para las dependencias encargadas de la búsqueda de personas.

Ante ello, añadió que sólo 25 de las 32 entidades cuentan con alguno de estos protocolos, a pesar de que cada día desaparecen mujeres y niñas, resultado de la trata de personas o de la colusión de las autoridades con la delincuencia organizada.

En cuanto a la Alerta de Violencia de Género, la CNDH coincidió con las expertas de CEDAW en que el mecanismo sea examinado con base en los resultados que arroje su activación y aplicación, en vista de que la declaración de ésta no ha tenido ninguna consecuencia en disminuir el número de muertes violentas de mujeres y niñas.

Recomendó que se amplíe la participación de personas académicas dentro del Grupo de Trabajo que se dedican a evaluar las AVG, ampliar el plazo de investigación, prever un fondo federal que garantice la aplicación de este mecanismo y notificar de la activación a los tres poderes de cada entidad.

Por otro lado, la CNDH coincidió con la CEDAW en que el Estado agilice la resolución del caso de Pilar Argüello Trujillo para que otros hechos similares tengan garantizado su acceso a la justicia y el grado de impunidad reduzca.

Para la CNDH erradicar la violencia de género y el feminicidio, requiere de que el Estado priorice en su agenda política los Derechos Humanos de las mujeres como uno de los principios de la democracia.


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